Desde la perspectiva etimológica, el término política, del latín civilis, proviene del griego politikos, politiké y polis, ciudadanos, ciudadano y ciudad respectivamente.(1) Por lo que podemos señalar que política es todo aquello que implica la relación entre los ciudadanos y los asuntos públicos que permean en su vida. 

En ese sentido, el profesor Michael J. Sodaro afirma que 

la política es el proceso por el que las comunidades persiguen objetivos colectivos y abordan sus conflictos en el marco de una estructura de reglas, procedimientos e instituciones, con el objetivo de alcanzar soluciones y adoptar decisiones aplicables por la autoridad estatal (en sus diferentes niveles político-administrativos) al conjunto de la sociedad. La política se ocupa de cómo organizan las personas sus comunidades con el propósito de tratar colectivamente los problemas a los que se enfrentan.(2)

Como bien lo establecen y reafirman María Mantarranz y Javier M. Valle en su artículo Educación y supranacionalidad: Aproximación a los conceptos básicos, los autores que estudian el tema de política coinciden en señalar ciertos elementos esenciales que forman parte de ella: 

1. En primer lugar, que la política es una actividad que surge como fruto de un proceso y como tal, dicho proceso consta de un diálogo por parte de todos los agentes implicados. 
2. El objeto del diálogo establecido es la búsqueda del bien común; es decir, la finalidad del diálogo es hallar un punto de encuentro que permita discernir los caminos para el progreso de la sociedad y el bienestar de sus individuos. 
3. En todo caso, involucra la puesta en marcha de acciones que se consideran beneficiosas para los ciudadanos y que implican al conjunto de la sociedad.
4. Tanto por la repercusión de las acciones puestas en marcha, como por la participación requerida para la toma de decisiones y la ejecución de dichas acciones, impacta e involucra al conjunto de la sociedad.(3)

Derivado de lo anterior, podemos definir a la política educativa como la aplicación de la ciencia política al estudio de la educación; más concretamente, podríamos establecer que es el proceso de diálogo que realiza el Estado con todos los agentes implicados —comunidad principalmente— en la búsqueda del bien común y el progreso en materia de educación; considerando siempre la delimitación geográfica en la cual se pueden aplicar las acciones que el Estado va a poner en marcha para su evolución, ya que serán aplicables dentro de esas fronteras nacionales o internacionales. Partiendo de esta premisa, podemos identificar claramente si la política educativa a implementar será una política educativa nacional o internacional, tomando en consideración que, en la primera, el Estado y los agentes implicados serán menos, así como la delimitación geográfica en la que se llevará a cabo; contrario a la segunda, donde serán varios Estados que intervendrán y el espectro de agentes implicados se ampliará, así como la delimitación geográfica. 

En retrospectiva, ambas políticas de manera general buscan la mejora educativa siempre teniendo inmersos los siguientes factores: 

1. Los principales actores que generan las normas sobre las que se diseñan los sistemas educativos (Estado, organismos internacionales, partidos políticos, escuelas y familias).
2. Las relaciones entre sus protagonistas directos. 
3. Las dinámicas internas que emergen entre ellos.
4. Las ideologías que sostienen.
5. Los valores que definen.
6. Las relaciones de poder que ejercen. 
7. Y los grupos de presión que tienen detrás, (empresas, asociaciones, sindicatos), entre otras cosas. 

En concreto, su objeto de estudio es la influencia de la política en los sistemas educativos, con la participación de todos los actores que intervienen tanto en educación como en política, así como el estudio de los procesos que los acompañan. Como lo señala María Mantarranz y Javier M Valle: 

En consecuencia, cuando hablamos de política educativa nos referimos, por un lado, a las actividades y decisiones concretas que en materia educativa toma una institución en un momento determinado. Es decir, a la legislación educativa propiamente dicha [...] [p]or otro lado, hablamos de política educativa cuando hacemos referencia al conocimiento político que aplicamos a la educación y que introduce lo valorativo, este enfoque no supone renunciar al estudio de las políticas educativas de carácter instrumental o medial sino que asumiéndolo trata también de conocer esa otra vertiente de la realidad que es el conflicto educativo, las relaciones de la educación con el poder y la relación de los fines con los medios.(4)

Al respecto, es importante ubicar el estudio del profesor Manuel de Puelles, quien afirma que la política educativa es “la ciencia social que estudia la educación como fenómeno político”;(5) y quien además establece dos términos para distinguir la significación de política educativa que en lengua inglesa él se refiere a ellos como policy y politics: 

• Policy: se refiere a los programas de acción en un campo educativo; medidas orientadas a la consecución de un objetivo, en definitiva, las leyes educativas. Pretende hacer de la política un conocimiento científico. Se deriva de aquí la ciencia política, para referirse a la toma de decisiones y acuerdos. Este concepto de la política está vinculado con un plano de interpretación jurídico, dado que centra su atención en conocer las normas jurídicas existentes para poder interpretar qué ocurre en el sistema educativo. 
• Politics: se refiere a conflictos, acciones que responden a ideologías concretas y a los conflictos que generan. Aparece el sistema de valores que sustenta esas acciones. Estos componentes describen las funciones que tiene la educación, y analiza y valora si están bien —o no—. El problema añadido que encontramos en estos componentes es que influyen los valores personales. Desde la perspectiva de la politics, nos encontramos ante un plano de interpretación crítico, dado que establece una justificación y valoración de las decisiones y acciones en política educativa, nos habla de aspiraciones ético-sociales, del ideal social. Este plano crítico incluye una visión pedagógica, ya que implica pensar desde un punto de vista educativo. La reflexión crítica y el análisis de los procesos que configuran la elaboración de políticas educativas que están vinculado al pensamiento pedagógico, ya que supone conocer su origen, su desarrollo y su proceso de maduración, así como valorar el impacto de las acciones puestas en marcha en materia educativa.(6)

Para resumir e ilustrar, la policy sería la política como resultado normativo, esto es, el cuerpo de leyes que se promulgan para diseñar y gestionar los sistemas educativos; lo que entenderíamos nosotros como la legislación y toda la normatividad en materia educativa: leyes primarias y secundarias, circulares, acuerdos, reglamentos, etcétera. 

Por su parte, la politics hace referencia a las relaciones entre los actores de esas políticas, ¿Cómo se han acordado? ¿Qué procesos se han seguido para acordarlas? ¿Cómo se ha decidido que se diseñen? Es decir, hace referencia al plano crítico y el contexto del proceso que realizaron; responde a las ideologías inmiscuidas y a los conflictos que producen para efectuar y establecer las normas acordadas. 

De alguna manera, podemos concluir que existe una dualidad en la política educativa, en la cual la policy se refiere a la norma final resultante, y la politics a todo el proceso previo a la norma a través de las cuales ponen en marcha decisiones y acciones en materia educativa que tienen su origen en una evaluación y detección de necesidades reales, en un contexto y circunstancias determinadas de un país —o países—. 

No quisiera omitir que las políticas educativas que ejercemos por parte de estos organismos internacionales suelen ser lo que se ha denominado política blanda (soft policy en su terminología inglesa). Dado que normalmente no tienen un carácter vinculante, se trata en la mayoría de los casos, de meras recomendaciones o de acciones de cooperación que los Estados asumen —o no— voluntariamente. 

Sin embargo, contrario al párrafo que antecede, es notable observar que las políticas educativas que ejecutamos a nivel nacional son totalmente obligatorias, debido a que las aplicamos garantizando el recurso y las herramientas que otorga el Estado con plena conciencia de las circunstancias y áreas de oportunidad que pueden suscitarse en el cumplimiento de los objetivos de la educación mexicana. 

Como se estudió anteriormente, y en referencia al vínculo que existe entre la Policy y Politics, podemos definir en México que, las políticas públicas educativas, son acciones y decisiones del Estado sobre el sistema educativo que, previa intervención de los principales actores sociales y agentes implicados, buscan optimizar, facilitar y propiciar mejores resultados en beneficio del mismo Estado, con el propósito deliberado de cambiar insumos, procesos y productos del sistema educativo. Pueden ser explicitas, las cuales proyectan para equilibrar el sistema, o implícitas, en las que deciden qué o cuáles aspectos del sistema deben permanecer. 

Las políticas educativas se analizan partiendo de la dimensión declarativa, en la que se incluyen documentos como leyes, acuerdos, programas que cumplen objetivos generales como promover la formación integral, teórica y práctica de la colectividad, especialmente de la clase trabajadora, orientado al desarrollo del pensamiento y la creatividad para enfrentar los problemas del mundo del trabajo y la generación del siglo XXI, en el marco de una sociedad libre y con plena vigencia de los derechos humanos, la vida y su medio ambiente, así como objetivos específicos que plantean organizar las escuelas, vincular la educación con el trabajo y la intelectualidad académica, cultural y artística. Las políticas públicas educativas buscan un beneficio a la población, contribuyendo a la mejora de los procesos educativos. 

El retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), trajo un cambio de enfoque dentro del marco de los acuerdos y compromisos establecidos. Arrancó con el programa Pacto por México, en el que planteó la necesidad de reformar el sector educativo y de manera clave adoptó las evaluaciones como una forma de poner en práctica la calidad, por lo que se adicionó al artículo 3o. constitucional que la educación debe ser de calidad para buscar el mejoramiento constante y el máximo logro educativo de los estudiantes; siendo el Estado quien garantizará los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de docentes y directivos para el cumplimiento de este precepto en un marco de inclusión y diversidad. Se elevó a rango constitucional la posibilidad de que los padres de familia puedan expresar su opinión sobre los planes y programas educativos, además se establecen diversas reformas a los artículos 3o. y 73 constitucionales. 

Como acciones y estrategias, se fortaleció al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) como organismo constitucional autónomo, con fundamento en la Constitución y, de manera crucial, se formuló la Ley General del Servicio Profesional Docente, que marcaba el procedimiento de designación de plazas docentes, así como la permanencia dentro del servicio educativo como parámetro fundamental de observancia de la calidad en México, la cual considero desde mi punto de vista, que fue abrogada en el último sexenio, en razón de que la propuesta fundamental de cumplimiento de calidad en la educación se basaba primordialmente en la evaluación de los maestros y no en todos los demás factores que la conforman. Durante este periodo, se trabajó dentro de las escuelas con nuevos planes y programas de estudio, en el que resaltó el Plan de Estudios 2011 y el 2017, y la Ruta de Mejora, proyecto que elaboraban todas las escuelas para el cumplimiento de todos sus objetivos como escuela, principalmente los enfocados en el desarrollo de los aprendizajes, aprovechamiento, rezago escolar y el perfil de egreso de los alumnos; también reformaron la estructura de las escuelas normales e impulsaron un esquema de becas. 

Más recientemente, durante el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien encabeza la Cuarta Transformación por parte del partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA, desde un primer momento priorizó eliminar la reforma educativa del sexenio pasado y buscó mejorar la relación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), así como con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y planteó un nuevo modelo educativo para erradicar el neoliberalismo en el sector. Dentro de las acciones y estrategias, aplicó el otorgamiento de nuevas plazas docentes, cancelaron los exámenes de diagnóstico para acceder a una plaza o mantenerla; asimismo, desapareció el INEE y subrayó la construcción, equipamiento y mantenimiento de las escuelas en manos de padres y maestros, sin establecer criterios para otorgar recursos del cual nace el programa Mejor Escuela. Además, incrementó sustancialmente el otorgamiento de becas a estudiantes. 

Actualmente, dentro de estas políticas públicas educativas implementadas, se encuentra claramente la norma inmersa en todo su desarrollo, encabezada por la última reforma constitucional en materia educativa de 2019. Las escuelas fundamentan y desglosan el desarrollo y cumplimiento de sus necesidades en la elaboración de dos proyectos: el primero, el Programa Escolar de Mejora Continua (anteriormente intitulado Ruta de Mejora), el cual se basa en 8 rasgos —que se explicarán más adelante—que señalan los elementos y factores clave para el cumplimiento de la calidad en las escuelas; y el segundo, el Plan Analítico, de nueva creación, que se encauza en el cumplimiento de objetivos pedagógicos y académicos basados en el contexto sociocultural y económico de cada escuela, siempre bajo el principio de excelencia educativa, dando observancia al cumplimiento de todos los objetivos de la escuela orientados en el desarrollo de los aprendizajes, aprovechamiento y el perfil de egreso de los alumnos como principios básicos de la Nueva Escuela Mexicana. 

En general, como podemos observar, las políticas educativas están basadas en acciones y decisiones que el Estado toma respecto de ciertos parámetros que apuntan lograr una calidad educativa. Es claro observar que los objetivos en los que se ha enfocado la educación mexicana son: reducir el rezago educativo, ampliar el espectro de población que acceda a una educación básica, media superior y superior, vincular el aprendizaje con el sector laboral y empresarial, brindar educación de forma equitativa a grupos focalizados o en situación de vulnerabilidad, desarrollar un aprendizaje basado en derechos humanos, medio ambiente y desarrollo socioemocional para la vida y un conocimiento pleno en el uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

Desafortunadamente, nuestro país ha avanzado de una manera muy lenta; aún en la actualidad no podemos presumir de un desarrollo educativo sustancioso. Sin duda, se requieren de nuevas políticas con una estructura sólida que beneficie al pueblo y al desarrollo de nuestro país, con objetivos viables y adaptables a nuestra nación. La realidad es que las políticas educativas internacionales, como se analizó previamente, al no ser vinculatorias, el Estado mexicano no se encuentra plenamente obligado a cumplir con las recomendaciones a cabalidad, máxime si observamos sus características intranacionales que son muy diferentes de una región a otra. Sin embargo, sí es prioridad contemplar los lineamientos y los objetivos con el propósito de no quedarse en el rezago, así como el prevenir la perdida de venias que otorgan a nivel internacional; el reto es implementarlos en cada una de las escuelas, dentro de su propio contexto sociocultural y económico, ya que cada centro educativo posee sus propias características y diversidades, por lo que el implementar estas políticas educativas, resulta en muchas ocasiones inadecuado y en otras imposible. 

En la última reforma educativa, que implementó la Nueva Escuela Mexicana y Plan de Estudios 2022, dio la apertura a la realización de un codiseño que permite, con base en el Programa de estudios, que cada escuela pueda determinar la lectura de la realidad de sus alumnos basado en su contexto sociocultural, y sobre de ello implementar las estrategias y directrices para garantizar la calidad y la excelencia educativa.

Notas al final:

(1) Pimentel Álvarez, Julio, Diccionario Español-latín, Vocabulario clásico, jurídico y eclesiástico, p. 131.

(2) Sodaro, Michael J., Política y Ciencia Política: una introducción, Mc Graw Hill, Madrid, 2006, pp. 1-2.

(3) Mantarranz, María y Valle, Javier, Educación y Supranacionalidad: aproximación a los Conceptos Básicos, p. 96. 

(4) Idem. 

(5) De Puelles Benítez, Manuel, Elementos de política de la Educación, Madrid, UNED, 2004, p. 35. 

(6) Idem.