En las semanas recientes se ha vuelto común leer en columnas de opinión, así como escuchar en foros políticos y académicos, referencias directas —e indirectas— a los años de formación del nazismo en Alemania para describir las reformas constitucionales en materia de estructuras judiciales y de interpretación impulsadas por MORENA y el grupo político dominante actual, inclusive, desde las voces de algunos ministros. El efecto psicológico que busca generar esta argumentación en las audiencias es el miedo, ya que una parte relevante del discurso de protección de los derechos humanos contemporáneo esta fundado en las respuestas globales a las atrocidades cometidas por los nazis, durante la Segunda Guerra Mundial. Quienes utilizan esas referencias, de forma irresponsable buscan aterrorizar a las audiencias para generar una opinión favorable a su actuación. 

Es necesario no caer en confusiones ni alentar discursos de pánico. Estamos ante un reacomodo de fuerzas políticas en el país donde, después de haberse librado la batalla en materia electoral con un grupo claramente vencedor, el conflicto se dirime ahora en la arena del Poder Judicial de la Federación y en el campo del constitucionalismo. El grupo político que ha resultado perdedor en la arena electoral, los llamados neoliberales, han encontrado receptividad en un sector de la Suprema Corte, para desde ahí intentar hacer resistencia a los proyectos políticos de las nuevas mayorías. En teoría política se considera que los tribunales pueden actuar en forma de reaseguro para proteger las políticas públicas del grupo que abandona el poder; sin embargo, para que esto sea exitoso, deben hacerlo de forma estratégica y cuidadosa, ya que su posición frente al nuevo grupo en el poder es débil. 

Lo que acontece desde hace unos meses es un juego mediante el cual, ante el activismo de un sector de la Suprema Corte por proteger las políticas de las antiguas mayorías, la mayoría actual sube la apuesta. Si el Poder Judicial cambia de criterio para permitir la suspensión con efectos generales, las nuevas mayorías modifican la Ley de Amparo para impedir que puedan realizarlo; si se pronuncia por revisar las reformas constitucionales, las nuevas mayorías modifican la Constitución para establecer explícitamente en la misma que no puede realizarse, y si propone utilizar ampliamente sus facultades de interpretación constitucional, las nuevas mayorías proponen restringir explícitamente los alcances interpretativos de la labor constitucional. La justificación hacia la adopción de estos criterios desde la Suprema Corte, mismos que nunca realizó anteriormente para la protección de los derechos humanos, es el riesgo de dictadura o fascismo. Dicha situación es falsa. El móvil de MORENA no es limitar el ejercicio de los derechos humanos ni la autonomía judicial, como si lo fue en el fascismo, sino evitar que, a través de un enclave institucional, se obstruyan las políticas más relevantes de la nueva administración. 

Las mayorías de MORENA y sus aliados les son suficientes para tener la certeza de que resultarán ganadores ante cualquier intento de la Suprema Corte por expandir su capacidad de control político. En este proceso, el desgaste que sufre el Poder Judicial de la Federación es muy veloz, ya que el contexto les es sumamente adverso. Se enfrenta a una impopularidad creciente y limita sus opciones para conservar legitimidad en el sistema político. El costo de esta actuación es muy alto para la organización en su totalidad y tiene como víctima principal al servicio profesional de carrera del Poder Judicial de la Federación, provocando que el desprestigio se extienda a toda la profesión jurídica. 

Continuar alentando el discurso del miedo desde la Suprema Corte sólo enturbia el ambiente, con mayores costos para el Poder Judicial de la Federación. Como lo he sostenido desde el inicio de la gestión de Norma Piña, lo mejor que podría hacer la Suprema Corte es desmarcarse de las expectativas de las antiguas mayorías de un control estricto de las políticas públicas del grupo en el poder y tratar de encontrar el espacio adecuado desde donde pueda ejercer sus facultades constitucionales; es necesario que la Suprema Corte desista de los intentos de crear un ambiente de estado de excepción para justificar un control agresivo de las políticas de los gobiernos de MORENA. De igual forma, es necesario que dicho discurso no sea replicado en otros foros académicos y profesionales; debemos actuar de forma responsable teniendo claridad en el contexto actual. 

Dicho de otra manera, esto no es Berlín. 

Véase: Eduardo González, “El día que no había jueces en Berlín. Comentario al Paro de Labores en el Poder Judicial de la Federación”, Hechos y Derechos, vol. 15. núm. 83, septiembre-diciembre de 2024. https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/19563/19696