El reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en México es una realidad que lastima a nuestra sociedad; que tiene heridas en las fibras más sensibles de las familias. Diversos informes de la Red por los Derechos de la Infancia en México mencionan que, en el año 2020, entre 145,000 y 250,000 niñas, niños y adolescentes en México estaban en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos. Siete estados concentraban el 55 % de esta población: Estado de México, Jalisco, Chiapas, Puebla, Guanajuato, Veracruz y Michoacán. Los estados con más casos eran Estado de México (hasta 24,227), Jalisco (hasta 21,521) y Chiapas (hasta 20,346).(1)

En México, la autoridad responsable de visibilizar, legislar y atender problemáticas actuales es el Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Desde el año 2022, en el marco de la LXVI Legislatura, se presentaron un total de 21 iniciativas dirigidas a distintos ordenamientos jurídicos con el objetivo de conceptualizar, tipificar y sancionar este delito. De éstas, 5 corresponden a la LXVI Legislatura, 14 a la LXV Legislatura y 2 a la LXIV Legislatura, reflejando un creciente interés en realizar acciones legislativas para su prevención y atención.

Derivado de la búsqueda en el portal del “Sistema de Información Legislativa”,(2) se identificaron datos sobre el número de iniciativas presentadas por los distintos grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión durante las legislaturas LXVI, LXV y LXIV. En total, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó 9 iniciativas, seguido por MORENA con 6, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con 2. Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC) registraron una iniciativa cada uno.

Las propuestas legislativas han buscado modificar diversas leyes reglamentarias con el objetivo de conceptualizar, tipificar y sancionar el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes. Entre las normas que han sido objeto de estas iniciativas, destacan el Código Penal Federal, con 15 propuestas de modificación, seguido por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con 8, y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con 6. Asimismo, se han presentado 6 iniciativas para reformar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, 4 para la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, 3 para la Ley General de Víctimas, y una para el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, respectivamente.

Dentro del proceso legislativo, una vez presentados los proyectos de decreto para reformar ciertos ordenamientos, su avance depende del análisis y dictaminación en las comisiones correspondientes. De las 21 iniciativas previamente mencionadas, 2 fueron desechadas, mientras que las restantes siguen pendientes en comisión, lo que significa que aún no han sido estudiadas y, en términos coloquiales, se encuentran “congeladas”, sin avances significativos en su continuación.

Ahora bien, del análisis de estas iniciativas se revela que, independientemente de su afiliación partidista, las y los legisladores han impulsado esfuerzos para tipificar el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, estas acciones reflejan un enfoque predominantemente punitivo, centrado en sancionar a los grupos armados, en lugar de desarrollar estrategias efectivas de prevención y protección integral para la infancia. Lo anterior evidencia que aun vivimos en un sistema carente de perspectiva en la justicia restaurativa y reparación integral del daño. Es imprescindible que la atención se enfoque en la protección de los derechos humanos de las infancias y adolescencias que han sido violentados y reclutados por el narcotráfico, garantizando mecanismos efectivos de apoyo, protección y reinserción social.(3)

Proteger a nuestras infancias y adolescencias se requiere un enfoque integral que vaya más allá de los esfuerzos legislativos, abarcando todas las áreas de gobierno y de la sociedad. Si bien la creación de marcos normativos es fundamental para tipificar, prevenir y sancionar delitos como el reclutamiento forzado, esto no será suficiente sin la implementación de políticas públicas efectivas en materia de educación, salud, desarrollo social y acceso a oportunidades que reduzcan la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes. Es indispensable que los distintos niveles de gobierno trabajen de manera coordinada en estrategias de prevención, atención y protección, garantizando así un entorno seguro que salvaguarde sus derechos y les permita un desarrollo pleno, libre de violencia y que sus sueños no se vean frustrados por los grupos criminales.

Notas al final:

(1) REDIM, Niñez reclutada por agrupaciones delictivas en México, Blog de la Red por los Derechos de la Infancia en México, 2021. https://blog.derechosinfancia.org.mx/2021/12/07/ninez-reclutada-por-agrupaciones-delictivas-en-mexico 

(2) Secretaría de Gobernación, Normateca del Sistema Integral de Información Legislativa, México. https://nsil.go-bernacion.gob.mx/

(3) Cornelio Patricio, Erick y Cornelio Cerino, Génesis, “Reclutamiento de niñas, niños y adolescentes como instrumento delictivo del narcotráfico en la frontera sur de México”, Revista de Investigación Académica sin Frontera, núm. 37, enero-junio 2022, pp. 28-45. https://revistainvestigacionacademicasinfrontera.unison.mx/index.php/RDIASF/article/view/464/537