Después de la purga de actores jurisdiccionales generada por la reforma judicial, el próximo 1o. de junio se elegirá por primera vez 881 cargos judicial a través del voto: nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia, 5 integrantes del Órgano de Disciplina Judicial, 17 magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (2 de la Sala Superior y 15 de las salas regionales), 464 magistraturas de circuito y 386 jueces de distrito. Adicionalmente, 19 de las 32 entidades celebrarán elecciones para renovar sus judicaturas locales.

Este proceso inédito genera retos en la gestión electoral: problemas en el diseño de boletas, dificultades para la fiscalización de las campañas, tensiones en el mecanismo para el conteo de votos y la emisión de resultados, entre otros. La geografía electoral ha sido un problema mayúsculo porque la distribución que realizó el INE en 60 distritos judiciales no coincide con los 32 circuitos judiciales ni con los 300 distritos uninominales.

Las campañas judiciales también tienen obstáculos porque el diseño de la reforma establece, entre otras restricciones, que los aspirantes no pueden hacer publicidad en ningún medio ni comprar publicidad en radio o televisión. Este diseño propició que el principal reto de los candidatos sea lograr que la ciudadanía los reconozca por el color y el número con el que aparecerán en las boletas electorales. Esta necesidad, aunada al problema de la obtención y uso de recursos, generó campañas hilarantes en las redes sociales. El proceso para elegir a las juezas y a los jueces no es el más idóneo para tener a los mejores, sin embargo, la pregunta es: ¿la ciudadanía debe o no salir a votar?

En este contexto, desde mi consideración, la ciudadanía debe salir a votar para elegir a los mejores cuadros por las siguientes consideraciones. En primer lugar, como una estrategia de resistencia frente a la erosión democrática, que se presenta como un proceso gradual que debilita, entre otros factores, la división de poderes y los derechos humanos. Si asumimos que el proceso es paulatino, los actores políticos pueden tomar decisiones y construir estrategias de resistencia que frenen, detengan o posterguen las acciones que trastocan la democracia. Estas decisiones utilizan y maximizan los recursos con los que cuentan los actores y buscan en algunas ocasiones hacer más costosas las decisiones del gobierno.(1) No salir a votar es facilitar que la estructura del partido mayoritario movilice a sus bases y elija a los candidatos con perfiles afines.

En segundo lugar, porque los actores políticos y la ciudadanía no pueden perder un espacio más para influir e incidir en el proceso de reforma del Poder Judicial. Durante el proceso de purga y captura del Poder Judicial, la judicatura federal no utilizó sus recursos de la mejor forma: no presentó una iniciativa de reforma que contrarrestara la narrativa gubernamental, no logró construir alianzas con sectores sociales nacionales e internacionales que permitieran resistir los ataques del gobierno y, una vez que se aprobó la reforma, el comité de selección del Poder Judicial, pese a que tenía los criterios más estrictos para elegir a los candidatos, al final no participó debido a las tensiones generadas por los amparos interpuestos por juzgadores federales, entonces los candidatos del Poder Judicial fueron elegidos por el Senado. Esta fue una oportunidad perdida para influir en los perfiles que llegarían a la boleta electoral y ofrecer más opciones a la ciudadanía.

En tercer lugar, parafraseando a Buchanan,(2) es momento de pensar la “política sin romance” y asumir que los actores autointeresados ingresan en el espacio público por los márgenes de utilidad que van a alcanzar y centrarnos en las instituciones que facilitan los intercambios y la estabilidad en los regímenes políticos. La reforma judicial asegura ganancias para todos los actores involucrados: los integrantes del Poder Judicial que serán ratificados, los nuevos cuadros vinculados a la coalición de gobierno que serán elegidos y los actores sociales que puedan lograr un lugar. Es importante tener en consideración que, después de la elección y según los resultados, está en disputa la operación de la presidencia de la Corte, la integración del Órgano de Administración Judicial, el Órgano de Disciplina Judicial y la Escuela de Formación Nacional. La ciudadanía mediante el voto podrá influir en los recursos y en el poder de negociación e intercambio que tendrán los futuros actores jurisdiccionales para terminar de configurar el Poder Judicial, por lo que es importante acudir a las urnas y mostrar sus preferencias.

Finalmente, el diseño de la reforma dificulta ubicar a las mejores candidaturas, pero en este contexto un dato que no se puede perder de vista es que en la lista de candidatos hay muchos que provienen del Poder Judicial y que buscan ser ratificados por la ciudadanía (en la boleta aparecerán en EF). De acuerdo con la encuesta de marzo de El Financiero, un 39 % de la población prefiere a las candidaturas que están en funciones,(3) lo cual parece indicar que la ciudadanía, frente a la incertidumbre, prefiere ratificar a los jueces y magistrados que están en funciones, frente a candidatos propuestos por los demás poderes. Esta lista de aspirantes será fácilmente identificable por la ciudadanía y pueden facilitar el voto.

Después están las preferencias por los candidatos que no son parte del Poder Judicial pero que tienen una trayectoria profesional anclada en el litigio, la academia o en el conocimiento del derecho internacional de los derechos humanos, o también perfiles con una mirada diferente sobre los derechos humanos o más cercanos a una visión conservadora. Ubicar estos perfiles implican un costo para la ciudadanía porque se requiere tiempo en conocer a cada candidato y poder ubicarlos en su distrito. Sin embargo, esta tarea se puede realizar mediante el portal del Instituto Nacional Electoral que facilita la información.

El Poder Judicial y la integración y funcionamiento de sus órganos de gobierno están en disputa y es necesario que tanto los actores políticos como la ciudadanía salgan a votar para poder incidir en los recursos de los nuevos funcionarios jurisdiccionales.

Notas al final:

(1) Gamboa, L. (2022). Resisting backsliding: Opposition strategies against the erosion of democracy. Cambridge University Press

(2) Buchanan (1984). Politics without Romance: A Sketch of Positive Public Choice Theory and Its Normative Implications. En J. Buchanan, y R. Tollison (eds.), The Theory of Public Choice II (pp. 11-22). The University of Michigan Press.

(3) https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2025/04/07/votantes-prefieren-candidaturas-en-funciones-para-eleccion-judicial/