El convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra; tan pronto como soplan en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca” (Isaías, 40, 23-24).

“Para él son los calabozos, para él las duras prisiones; en su boca no hay razones, aunque la razón le sobre; que son campanas de palo las razones de los pobres” (Hernández, 1997)

 “En cosas por sí evidentes, el probarlas es lo mismo que sacar una luz a la calle en el medio día” (Quintiliano, Instituciones, V, cap. XII).

Introducción y planteamiento del problema

Es fundamental destacar que la anomia, el absurdo y la irregularidad institucional sólo pueden ser expresados bajo el amparo de derechos universales como la libertad de expresión, opinión y pensamiento, el derecho a recibir información y el uso de medios adecuados para su divulgación sin restricciones impuestas por las autoridades (CADH, art. 13; CIDH, Informe núm. 82/10, caso 12.524, párr. 86; CIDH, Opinión Consultiva 5/85; Convenio Europeo de Derechos Humanos, art. 10 y 53; PIDCP, arts. 18, 19.1 y 19.2; CEDH, art. 9o. y 10; DADDH, art. IV; DUDH, art. 19). “Si yo fuera pretencioso, pondría como título general de lo que hago: genealogía de la moral” (Foucault, 1975).

En este sentido, también fundamos toda exposición en una configuración que identifica el sistema conceptual educativo holístico a través del Decaedro del Conocimiento Educativo (DeCoE) compuesto por: a) formación ética y deontológica en el ámbito de la educación (v. gr. correlación de la filosofía moral y de la mente); b) convergencia hacia la calidad educativa (v. gr. calidad del docente, de los aprendizajes, de los procesos y su entorno estimulante); c) el ciclo docente (planeamiento, orientación y control en la gestión y formación constructiva docente); d) la configuración progresiva de la propedéutica (v. gr. saberes preparatorios para el estudio de ciencias y disciplinas); e) la pedagogía estructurada (v. gr. explicación, orientación y práctica docente en armonía con el percibir, interpretar, crear y desarrollar del educando); f) la trascendencia de la didáctica (v. gr. proceso de enseñanza y aprendizaje renovador); g) la estructura compleja de la organización del conocimiento (v. gr. teoría del conocimiento general, el científico, la gnoseología, la epistemología, la ciencia jurídica y la antropología axiológica); h) la metamorfosis dinámica educativa; i) la socio-filosofía del intelecto; y i) la construcción y confluencia de la psicología evolutiva y de la personalidad (Fernández, 2025). 

Se destaca también la necesidad de una crítica a las estructuras de poder, que es subjetiva y basada en un trabajo constante de desconstrucción social (Dubet, 2015, p. 55). Foucault denomina a la actividad “crítica”, y la observa como un “instrumento” o un medio para un futuro o una verdad que ella misma no comprende ni establece. Según este autor (1995), la crítica implica tener en cuenta un dominio que se propicia evaluar y cuya ley no se puede estipular por sí misma. La “teoría crítica”, por oposición a la “teoría tradicional”, dejaba de lado la concepción positivista de la ciencia y propiciaba por una práctica científica comprometida con los problemas sociales de su tiempo (Horkheimer, 2000).

En este contexto, sugerimos una visión que hace distinción entre lo verdadero y lo falso, que nos lleva a la aleturgia. La define Foucault como “el conjunto de métodos posibles, ya sean verbales o no, mediante los cuales se pone al descubierto aquello que se propone como verdadero frente a lo oculto, lo indecible, lo incierto, el olvido” (Foucault, 2014, p. 24).

La expansión de la mentira en la sociedad actual, según Hannah Arendt, se debe a la “conspiración a plena luz”, donde la información es accesible y los ciudadanos pueden saberlo todo, pero aun así son engañados. Existe una exposición absoluta a la mentira, cuestionada significativamente por Arendt (Citada por Derrida, 1999).

Es importante señalar que el progreso del gobierno argentino actual se encuentra en un grave dilema, en el que se describe al presidente como “un topo que viene a destruir el Estado” (The Free Press, junio de 2024). Se menciona en este alumbramiento de la barbarie una entrevista en la que esta persona expresa su entusiasmo por infiltrarse y arruinar el Estado desde adentro, subrayando lo grave que es la situación en el país y cómo se encuentra la democracia regresiva y vulnerada en Latinoamérica.

Cabe consignar que los funcionarios del gobierno actual y un gran número de parlamentarios —senadores y diputados nacionales— materializan conductas que no se entienden, por ejemplo, ¿por qué algunos legisladores cambian su voto después de reunirse con el Poder Ejecutivo Nacional (PEN)?

En el contexto de tensiones políticas, algunos gobernadores ordenan a sus congresales que actúen en contra de su propia ideología, se alejan de mandatos parlamentarios y ponen en riesgo la integridad nacional. Esta situación se agrava cuando el primer mandatario, en declaraciones controversiales, considera “héroes” a quienes han evadido controles estatales como GAFI, AFIP y UIF, al incentivar una crítica a las políticas que promueven la justicia social y el bienestar del Estado.

En adición descriptiva y valorativa, Reino Unido ha expandido un área de exclusión y dominio de manera unilateral, ilegal, arbitraria y colonialista sobre las Islas Georgias del Sur e Islas Sándwich del Sur. Este territorio está establecido en la Constitución de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y en la C. N., primera disposición transitoria. Sin embargo, el PEN no ha desarrollado una política exterior que persista en reclamar y rechazar a nivel internacional los avances ilegales de Reino Unido (por ejemplo, en el Comité Especial de Descolonización [C-24] de la ONU). Lo dicho se agudiza cuando el gobernante afirma con una lingüística errática —acerca de los colonos invasores— que “las Malvinas serán argentinas cuando lo deseen los isleños” (The Telegraph, 29 diciembre 2025). En este temperamento, el gobierno —con gran hermetismo y lesionando viablemente el patriotismo— permite, inter alia, que tropas y aviones de EE. UU. se afinquen en el puerto de Ushuaia (Noticiero Argentina 12, 2026). Ahora, además, destruyendo la postura histórica de neutralidad sobre las guerras en general y con el Medio Oriente, lo que refuerza todo posible desvarío intelectual. 

En el contexto judicial actual, algunos jueces y fiscales federales, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), muestran una probable reticencia a intervenir, lo que se percibe como procrastinación en la administración de justicia y se asocia con la “defección estratégica” (Helmke, 2003, p. 179) o politización de la justicia. A diferencia de los países desarrollados, donde los jueces actúan con independencia, en naciones en desarrollo, la falta de independencia judicial lleva a evitar conflictos con el gobierno. Esto resalta una discrepancia institucional significativa entre ambos grupos de países.

En esta situación sin precedentes tan graves y regresivas (en la que nos enfrentamos al desvarío de la  motosierra: despreciable y ruin), se puede mencionar el drástico recorte del presupuesto y las subejecuciones debido al propósito fantasioso de conservar el equilibrio fiscal y la inflación para 2026 (por ejemplo). La variación del presupuesto nacional de 2026 comparado con el año 2023 (partidas) fue la siguiente: a) educación y cultura, -47.3 %; b) educación superior, -33.8 %; c) ciencia, -48.8 %; d) discapacidad, -26 %; e) CONICET, -39 %; f) CONEA, -53 %; g) comedores y merenderos, -45 %; h) CONAE, -59 %; i) INTA, -45 %; j) Policía Federal Argentina, -35 %; k) hospitales nacionales, promedio, -40 %; l) inversión vial, -82 %; m) asignaciones familiares, -87.5 %; n) prestación alimentar, -30%; o) asistencia financiera a las provincias, -100 % (periodista Víctor Hugo Morales, Argentina 12, diciembre 2025 y economista Julia Strada, 16 de diciembre de 2025, Comisión de Presupuesto Cámara de Diputados de la Nación).

Es necesario circunstanciar, con fines axiológicos y pedagógicos, que lo informado (ut supra y sub examine) podría implicar la tipificación de conductas receptadas en el CPNA (por ejemplo) y un posible concurso real —art. 55— de los artículos 210 y 214; el artículo 215, inciso 1, dice textualmente: “Si ejecutare un hecho dirigido a someter total o parcialmente la Nación al dominio extranjero o menoscabar su independencia o integridad”.

La construcción psicosocial y espiritual

Es apropiado ahora hacer una pausa para examinar el trastorno de identidad disociativa (TID) como síndromes clínicos que abarcan modificaciones en uno o más de los siguientes aspectos: la percepción del medio, la memoria, la identidad y las funciones de la conciencia (Şar, 2011). Por lo tanto, ha sido asociado por medio de diversas atribuciones causales, como la reencarnación, las posesiones, el síndrome de desconexión entre los hemisferios cerebrales y otras (Romero-López, 2016). Para lograr la nueva visión del sistema político antidemocrático, es esencial entender el concepto de equilibrio, definido por Dubois et al. (1983) como la estructura de una lengua basada en relaciones y reglas de combinación. Este equilibrio se ve afectado por cualquier cambio en las relaciones, lo que lleva a una ruptura y alteración del conjunto relacional.

En este temperamento, abordamos el concepto de inadaptación, un aspecto que ya se ha presentado anteriormente, pero que es necesario consolidar (Ander-EGG, 1995, p. 152). Es definida la inadaptación social como la situación de un individuo que no se ajusta a las normas y valores aceptados por su grupo social. 

Aparece en la cima del poder la difusión de Walter Block que proclama posturas controvertidas como las que aparecen en su libro Defender lo indefendible. A través de su trabajo, justifica a proxenetas, usureros y empleadores de trabajo infantil, argumentando que sus acciones, aunque al margen de la ley y normas morales, benefician a la sociedad gracias al comercio libre. Esto representa una regresión inadmisible a la idea de dignidad y moralidad de siglos pasados.

Es de subrayar que el nivel más alto de maldad se caracteriza por individuos que, además de ser psicópatas, presentan rasgos perversos. Estos individuos cosifican a otros, tratándolos como medios para su satisfacción. Se diferencian de los demás por experimentar gozo en humillar, intimidar y denigrar, además de mostrar comportamientos belicosos e irritables (Lozano Gómez, 2022). En este mosaico de ideas, Camus (1996, p. 44) aborda la racionalidad y el absurdo al señalar la confrontación entre el deseo humano de felicidad y la irracionalidad del mundo, resaltando que el absurdo emerge de esta interacción. Por su parte, Nino (1992), en su obra Un país al margen de la ley, describe la anomia institucional como el estado de una sociedad que ignora las normas, definiéndola como anómica.

Hemos analizado la maldad y la crueldad en otras publicaciones (Huber, 1965); por tanto, no volveremos a describirlas. Lo que sí hacemos es expresar y ampliar lo que han estudiado psicólogos, psicoanalistas y psiquiatras, por ejemplo, siguiendo este orden, con lecturas de textos, interpretaciones y opiniones profesionales sobre, v. gr., Freud y Lacan (diagnóstico político): “nos gobierna alguien que sufre un deterioro cognitivo y una desorganización psíquica alarmante, es delirante y paranoide” (Fuentes Esparza, 2024, 2025). 

De acuerdo con esta línea de pensamiento —algunas consideraciones provisorias—, hay individuos con influencia en el Estado que experimentarían delirios polivalentes crónicos y vivirían su propia ficción, con psicosis crónica sin tener conciencia de su enfermedad, así como también megalomanía narcisista e histrionismo; estos sujetos no tienen conexión con la realidad y sienten aversión hacia los demás (Abásolo, 2025).

La psicóloga y psicoanalista Nora Merlín (2024) ha expresado preocupación por la violencia verbal del presidente, indicando que los insultos y discursos de odio amenazan la salud mental de la población. Propone la creación de una comisión interdisciplinaria que evalúe de manera imparcial la personalidad del mandatario y el nivel de violencia, subrayando que “La violencia, ya sea verbal o física, es un ataque a la salud mental de las personas”.

En esta inteligencia, somos conteste y propiciamos todo examen de aptitud de salud emocional (v. gr., psicológico, psiquiátrico y neurológico) a todos los presidentes, funcionarios, ministros y políticos, previo a la materialización de sus funciones. En esta secuencia de mejores prácticas, consideramos su aplicación a los investigadores que trabajan con alteraciones que tienen un inmenso impacto en el planeta (por ejemplo, neurotecnología y biología sintética). 

El Estado de derecho y la justicia

Según Vallet de Goytisolo (1997, p. 67), el derecho lo justo es el resultado de un proceso de estimación y formación gradual que se ajusta a las diversas circunstancias históricas; no obstante, sin duda está influenciado por los bienes éticos y naturales que están presentes en nuestro libre desarrollo existencial. La garantía fundamental del Estado de derecho es que su sistema jurídico y político impulse el respeto y promoción de la persona humana, tanto en su dimensión individual como en combinación con la solidaridad y los aspectos sociales de la vida humana (Pérez Luño, 1984).

Parece entonces útil distinguir con claridad la categoría (en expansión) de los derechos humanos en general, de primera a sexta generación (Fernández, 2024) y los derechos al derecho, entendidos en sentido estricto como los derechos a que los actos jurídicos sean motivados a partir de normas jurídicas y sujetos a un control jurídico —de legalidad— por una autoridad accesible e independiente del poder normativo (Ferrajoli, 2010).

Es fundamental reconocer la importancia de los derechos humanos como lo señala Fratelli Tutti (Francisco, 2020), ya que no son universales para todos y son una condición previa para el desarrollo social y económico de un país. El respeto a la dignidad humana y la protección de sus derechos fomentan la creatividad y el ingenio, permitiendo un amplio desarrollo hacia el bien común. El concepto de Estado social, definido por Pedro Dorado, describe un Estado cooperativo donde las funciones son servicios colectivos gestionados por administradores responsables ante la comunidad, en lugar de ser propiedad del soberano (Dorado, 1999; Peces-Barba, 1999).

En este camino conducente de ideas, hacemos referencia a las intervenciones de varias Relatorías de la CIDH sobre las violaciones mencionadas de los derechos humanos (especificando las que deben ser aplicadas y cumplidas). Estas evidencian las denuncias y solicitudes de explicaciones al jefe del gobierno y a los ministerios implicados (AL ARG 4/2025), donde se destaca, inter alia:

quisiéramos señalar a la atención urgente del Gobierno de Su Excelencia la información que hemos recibido sobre el supuesto deterioro grave de las libertades fundamentales y del espacio cívico en la República Argentina desde diciembre del 2023 hasta el momento, incluyendo violaciones a la libertad de expresión, libertad de reunión pacífica y asociación, uso desproporcionado de la fuerza, de armas menos letales, y de detenciones arbitrarias en el contexto de asambleas pacíficas; así como violencia y tratos crueles, inhumanos y degradantes en el contexto de detenciones arbitrarias, y acciones que impiden la independencia judicial y, por lo tanto, el acceso a la justicia por los hechos cometidos, incluyendo graves violaciones a los derechos humanos. Recordemos que “nadie estará sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes”. (CADDH, art. 5o.; PIDCP, art. 7o.; CN, art. 75, inc. 22)

El otro tiene que ver con las ideas del orden público y del bien común, tratadas ambas como nociones clave en las opiniones consultivas OC-5/85 y OC-6/86. El orden público y el bien común, según la Corte, reclaman de “una organización política [...] sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa” y su no utilización —la del orden público y el bien común— “como medios para suprimir un derecho [...] o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real” (Aguiar Aranguren, 2012, párr. 30). 

Es de iluminar que la corrupción es un obstáculo clave para fortalecer la democracia y el Estado de derecho, debilitando la gobernabilidad democrática y la confianza ciudadana en las instituciones. Además, impacta negativamente en los derechos humanos y el desarrollo sostenible en las poblaciones de nuestro hemisferio y más allá, según la Cumbre de las Américas (OEA, 2018).

Conclusiones

Es urgente abordar las denuncias en Argentina sobre violaciones a los derechos, inter alia, medioambientales, sociales y económicos, en un contexto de pobreza extrema y crisis institucional. Las reclamaciones reflejan un rechazo al neofascismo, anarcocapitalismo, neomonarquía, plutocracia y oligarquía, evidenciando un retroceso en la democracia y condiciones de vida. Se sugiere una evaluación forense del mandatario debido a su administración considerada destructiva y con elevada crueldad-odio. Además, la escasez de ministros en la CSJN a inicios de 2026 genera dudas sobre la eficacia y eficiencia judicial. El maltrato de las fuerzas de seguridad hacia personas vulnerables y la inacción de autoridades son preocupaciones inaceptables, que amenazan la vida y bienestar de los ciudadanos.

Es de destacar los graves problemas en la comunidad argentina, como la pérdida de vidas y el deterioro del país (patria, nación y el Estado), exacerbados por la priorización de intereses económicos que infringen tanto la ley financiera como la Constitución Nacional. Es de consignar, el “síndrome de la patología economicista, financiera e ideológica (SPEFI)” en relación con la deuda externa y el fantasioso equilibrio fiscal. Además, emerge la alerta sobre el riesgo de la barbarie, anomia, lo absurdo y deculturación, subrayando la necesidad urgente de revitalizar el sistema judicial y corregir tendencias antidemocráticas mediante toda acción factible y urgente de autoridades judiciales nacionales e internacionales (v. gr., CSJN, Comisión y Corte IDH).

Referencias

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