El viraje de la política exterior estadounidense desde la llegada de Donald Trump a la presidencia ha sacudido uno de los pilares de la ayuda humanitaria. Con una serie de decisiones y recortes, ha desmantelado gran parte de la cooperación internacional del país, y ha dejado en el aire miles de programas que antes se gestionaban a través de USAID en todos los continentes. El impacto se siente con fuerza en América Latina; proyectos de salud comunitaria, apoyo a personas desplazadas, programas educativos y de fortalecimiento institucional han quedado en pausa o han sido cancelados de un día para otro. En muchos países o en el propio México, organizaciones sociales ven peligrar iniciativas que habían tardado años en consolidarse.

Lo que está ocurriendo revela una paradoja que se arrastra desde hace décadas. En buena parte del llamado “Sur Global”, la ayuda internacional se convirtió en la columna vertebral de servicios esenciales como la salud, la educación, la seguridad alimentaria o la protección social. Muchos países no han logrado —o no han querido— construir sistemas públicos lo suficientemente sólidos para sostener estas políticas sin aportes externos. Cuando esos fondos de ayuda internacional se detienen de forma abrupta, queda al descubierto la fragilidad del modelo. La misma ayuda que salva vidas y abre oportunidades puede generar una dependencia difícil de romper. Lo que hoy observamos en África u Oriente Medio también resuena en América Latina: sociedades que se sostienen gracias a recursos que no controlan ni deciden.

Esta realidad no es ajena a la región ni a México. Numerosas organizaciones que trabajan con personas migrantes, mujeres, comunidades indígenas, juventudes o población LGBTI dependen en gran medida de recursos provenientes de la cooperación internacional y de convocatorias públicas o privadas renovadas año con año. Cuando una fuente se congela o retira, los equipos se reducen, los servicios son recortados y quienes más necesitan apoyo se quedan, una vez más, en la incertidumbre.

Ante este escenario, las administraciones públicas locales no pueden limitarse a acompañar de lejos estos esfuerzos; tienen que asumir un papel mucho más activo. Implica reconocer a las organizaciones sociales como aliadas estratégicas, incorporar los proyectos que demuestran impacto en sus propias carteras de políticas públicas y dotarlos de presupuestos estables y de largo plazo. Solo así la atención a las personas que viven en contextos vulnerables dejará de depender de convocatorias frágiles y pasará a formar parte de una responsabilidad institucional sostenida.

Pero esa transformación no ocurrirá sola. Organizaciones y agencias tienen también la responsabilidad de hacer incidencia, de sentarse a la mesa con las autoridades, de proponer marcos normativos y modelos de financiación más justos y sostenibles, y de exigir que los compromisos se conviertan en políticas públicas reales. Su trabajo no termina en ejecutar proyectos; empieza, cada vez más, en influir en cómo se diseñan, se financian y se sostienen las políticas públicas que deberían asumirlos.

El problema, sin embargo, también es de enfoque. Durante demasiado tiempo se ha reducido la solidaridad a “dar”; donar dinero, entregar despensas. Esa lógica coloca a las comunidades en el rol de receptoras pasivas y refuerza la idea de que la solución siempre vendrá “de afuera”.

Existe, sin embargo, otro camino. Hay experiencias en América Latina y en otras regiones donde la ayuda ha sido utilizada como palanca para fortalecer instituciones locales, diversificar la economía, consolidar sistemas de protección social y ampliar derechos. En esos casos, cada dólar de cooperación se concibe como una inversión en autonomía y capacidades propias, no como un parche que habrá que volver a colocar al año siguiente. Para las organizaciones sociales de la región, esto implica un cambio de propósito; no sólo responder a la urgencia, sino contribuir a transformar las estructuras que generan exclusión y vulnerabilidad. La verdadera solidaridad no se mide únicamente en los recursos entregados, sino en cuánto cambia, en el fondo, la vida y el poder de decisión de las personas involucradas.

Al modelo basado en subvenciones se suma otro obstáculo: la burocracia. Tanto en el Norte como en el Sur, equipos completos de organizaciones y gobiernos dedican una parte enorme de su tiempo a llenar formularios, diseñar indicadores incomprensibles, responder auditorías y ajustar proyectos a convocatorias cambiantes. La rendición de cuentas es necesaria; pero cuando el cumplimiento administrativo se vuelve más importante que el impacto social, algo se ha desviado. No tiene sentido exigir reportes impecables a proyectos que ni siquiera cuentan con la estabilidad mínima para planear más allá de unos meses. Si el modelo se sostiene solo en subvenciones cortoplacistas y controles formales, difícilmente puede garantizar derechos y transformaciones duraderas.

Por eso toma fuerza la idea de avanzar hacia modelos de concertación más estables entre el Estado y la sociedad civil; acuerdos plurianuales con objetivos claros, reglas transparentes y evaluaciones centradas en resultados y en la calidad del servicio, no en el volumen de papeles presentados. Este tipo de marcos permite que las organizaciones innoven, se adapten al territorio y cuiden a sus equipos, en lugar de vivir permanentemente al borde del abismo financiero.

En el plano internacional, las grandes agencias multilaterales han funcionado durante años como un muro de contención frente a la ausencia o debilidad de muchos Estados. Han garantizado alimentación, salud básica, refugio y educación donde los gobiernos no alcanzaban o no podían llegar. Pero esa presencia tiene también un efecto político y cultural. La ayuda nunca es completamente neutra; arrastra visiones del desarrollo, modelos económicos, prioridades geopolíticas y marcos de derechos. Cuando Estados Unidos y Europa recortan su cooperación, el espacio que dejan es rápidamente ocupado por otras potencias con agendas propias. La pregunta ya no es sólo quién aporta recursos, sino con qué condiciones, con qué valores y con qué consecuencias para la autonomía real de los países receptores.

En América Latina, esta reconfiguración ya se hace sentir. Frente al repliegue de algunas agencias tradicionales, crece el interés de actores estatales y privados de otras regiones, que ofrecen financiamiento, inversiones y acuerdos comerciales presentados como “cooperación”. El reto es que esa nueva presencia no reproduzca, con otros nombres, las mismas relaciones de dependencia y subordinación.

Cuando la ayuda es recortada de forma drástica, la reacción inmediata suele ser pedir que todo vuelva a la normalidad anterior. Pero esa “normalidad” ya era precaria; modelos asistencialistas, proyectos frágiles, derechos sin garantías reales y comunidades que no decidían sobre su propio futuro. La coyuntura actual abre una oportunidad —incómoda, sí, pero necesaria— para replantear el rumbo. Propongo algunas ideas para la reflexión:

• Poner en el centro la participación local. Que comunidades, colectivos y personas en situación de vulnerabilidad participen desde el inicio en el diagnóstico, el diseño, la implementación y la evaluación de programas y políticas. No como invitadas simbólicas, sino como actores con voz vinculante.
• Superar la lógica puramente asistencialista y apostar por el empoderamiento real. Esto implica reforzar la educación, el acceso a empleos dignos, el reconocimiento de derechos, el apoyo a economías comunitarias y el fortalecimiento de liderazgos locales, especialmente de mujeres y jóvenes.
• Impulsar proyectos que ataquen causas estructurales. La violencia, la desigualdad, la corrupción, la crisis climática o la discriminación no se resuelven con intervenciones de corto plazo. Se requiere continuidad, coherencia entre lo que se hace dentro y fuera del país, y marcos legales y financieros que no se derrumben con cada cambio de gobierno.

La crisis actual de la ayuda humanitaria y del financiamiento internacional no tiene por qué significar el fin de la solidaridad; más bien, puede marcar el final de una forma frágil y desigual de ejercerla. Acompañar no es sólo transferir recursos; es construir capacidades, compartir poder y reconocer a las personas como sujetos de derechos, no como destinatarias eternas de programas. Si algo deja claro este momento es que no podemos garantizar la sostenibilidad de los programas que son de interés general con decisiones tomadas en escritorios que cambian con cada ciclo electoral. El desafío es tejer redes y políticas capaces de resistir esos vaivenes, no para depender menos de “la ayuda”, sino para depender más de nuestras propias capacidades, instituciones y comunidades.