A casi tres décadas del rescate bancario de 1995-1999, la deuda derivada del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) todavía constituye una pesada carga sobre las finanzas públicas mexicanas. Concebido originalmente como un mecanismo para estabilizar al sistema financiero tras la crisis de 1994, este fondo terminó convirtiéndose en el paradigma de la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias. El problema central que hoy se plantea es la falta de transparencia en la información sobre los pagos realizados, la carga fiscal y la ausencia de una fecha definida de vencimiento, al convertirse en un lastre perpetuo para las generaciones futuras, porque podrían prolongarse los pagos por otros cincuenta años, según estimaciones de algunos analistas.

El rescate bancario del FOBAPROA se fraguó a finales del gobierno de Ernesto Zedillo (mediante un acuerdo entre el PRI y el PAN en el Congreso de la Unión), con el propósito de rescatar a los bancos y a las empresas que, tras la crisis de 1994-95, se encontraban en situación de insolvencia. Sin embargo, lejos de recuperar los recursos públicos invertidos, el Estado mexicano absorbió una deuda irrecuperable. A diferencia de otros países que también recurrieron en medidas de rescate financiero para enfrentar crisis financieras, el caso mexicano se distingue por su desproporcionado peso sobre las finanzas públicas y por la prolongación indefinida del pago de intereses. Por ejemplo, el rescate bancario estadounidense durante la crisis global de 2008-2009 implicó la inyección de 700 mil millones de dólares al sistema financiero; para 2013, ese gobierno había recuperado lo invertido y obtenido ganancias por 166 mil millones de dólares. De igual modo, ante esa crisis, Francia inyectó 10.5 billones de euros para recapitalizar sus bancos, y recuperó la totalidad de lo aportado y obteniendo utilidades por 1,700 millones de euros. México, en contraste, ha pagado más de 2 billones de pesos sin posibilidad de recuperación y sin que los bancos —y sus deudores— devolvieran algo de ese gigantesco rescate.

La falta de transparencia por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), heredero del FOBAPROA, agudiza el problema. Mientras en 2009 reportaban pagos por poco más de 2 billones de pesos, para 2024, de manera inexplicable, mantenía la cifra prácticamente congelada, ligeramente arriba de los 2 billones de pesos pagados. Esto es incongruente ya que cada año el Estado continuó pagando los intereses correspondientes. Esta falta de rendición de cuentas del IPAB constituye un acto de opacidad institucional. De cualquier manera, los más de 2 billones de pesos pagados por el gobierno mexicano a los bancos representa más de 3 veces el rescate bancario original.

Más grave aún, en términos nominales, el capital adeudado aumentó. En 1999, el monto del rescate bancario ascendió a 688 mil millones de pesos y para 2024, la cifra superaba un billón de pesos. El hecho de que la deuda actual sea superior a la original revela una contradicción con las prácticas financieras más elementales. El IPAB sostiene que el monto de los pagos de la deuda del FOBAPROA está bajando y representa 2.88 % del PIB, mientras en 1999 era de 10.78 %, aun cuando el propio expresidente Zedillo la ubicó en 15 % del PIB en su momento. Lo anterior exhibe cómo la metodología empleada por el IPAB en sus informes anuales busca minimizar el impacto real de esta deuda sobre la economía nacional. Además, el costo de oportunidad representado por este pago es inmenso. En 2024, el pago de los intereses al IPAB equivalente a 2.88 % del PIB, representaban casi lo mismo que el gasto nacional en educación, el cual apenas alcanza el 3 %, muy por debajo del promedio del 6 % recomendado por la OCDE. Si estos recursos se hubiesen destinado durante treinta años a fortalecer el sistema educativo, de salud o de infraestructura, el país tendría hoy un desarrollo social más equilibrado. 

Desde el punto de vista político, resulta incongruente que los partidos operadores del rescate (PRI y PAN) sean hoy quienes piden cancelar sus pagos o redirigirlos a gasto social. Esta contradicción revela una estrategia para trasladar la responsabilidad política del FOBAPROA a los gobiernos actuales que no pueden incumplir con los compromisos financieros del Estado mexicano. Sin embargo, el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en septiembre de 2025, de que a partir de 2026 los bancos no podrán deducir sus aportaciones al IPAB (rubro financiero diferente al del FOBAPROA), es una medida correcta en un contexto donde las instituciones bancarias registraron ganancias récord de más de 288 mil millones de pesos en 2024, y bancos como BBVA obtienen de México aproximadamente 60 % de sus utilidades globales debido a las elevadas tasas de interés pagadas en este país, en comparación con otros. 

En suma, el caso del FOBAPROA constituye uno de los ejemplos más evidentes de cómo un rescate financiero mal diseñado puede transformarse en un lastre permanente para las finanzas públicas. La falta de transparencia, el aumento del capital nominal y la extensión indefinida de los pagos configuran un escenario insostenible. No se trata de suspender el pago, sino de renegociar jurídicamente con los bancos acreedores las condiciones de la deuda para establecer una fecha fija de vencimiento y pagos mayores de capital sobre intereses. Un crédito sin plazo definido contradice los principios jurídicos más elementales del derecho mercantil, de la gestión crediticia y de la justicia fiscal. México necesita poner fin a este crédito eterno y transformar una deuda injusta en un compromiso finito, transparente y económicamente racional.

--

Francisco Ibarra Palafox

Universidad Nacional Autónoma de México. México