Pertenezco a una generación de académicas que llegamos a la universidad convencidas de que el trabajo, la pasión y la disciplina bastaban para sostener una trayectoria. Crecimos creyendo en la promesa del mérito. Lo hicimos, además, desde contextos donde la educación representaba una promesa real de movilidad social. Soy parte de ese sector de la sociedad al que se le suele denominar precisamente así, “de movilidad social”, una categoría que implica haber atravesado estructuras de desigualdad para alcanzar posiciones que, en generaciones previas, eran prácticamente inalcanzables para las mujeres de nuestro origen. 

Sin embargo, el tiempo ha mostrado que el reconocimiento académico no depende solo de la producción o la constancia, sino también de las estructuras simbólicas que definen quién merece ser vista, escuchada o promovida. Lo que aprendimos después, no en abstracto, sino en la práctica cotidiana de concursos, evaluaciones, dictámenes y pasillos, es que el mérito, por sí solo, rara vez es suficiente. El reconocimiento académico no depende únicamente de la calidad ni de la constancia del trabajo, sino también de un conjunto de filtros simbólicos que operan sobre nuestros cuerpos, nuestras edades, nuestras biografías y nuestras formas de ocupar el espacio institucional (Buquet et al., 2013).

He de reconocer que cuando se nos invitó a preparar este texto para una edición enfocada en género dentro de la universidad, no tenía claro desde dónde iba a hablar. No quería escribir desde la queja personal ni desde el victimismo. Lo que quiero pensar aquí es otra cosa, quiero reflexionar sobre cómo funciona la legitimación académica cuando la persona evaluada es una mujer joven con alta productividad, cómo opera el examen sin fin al que se nos somete y cómo ese examen no es neutro, sino que administra nuestro lugar dentro de las estructuras universitarias.

Abril Saldaña (2025) narra una escena que es, en realidad, un marco teórico, llega a una alberca pública con un certificado internacional de nado en aguas abiertas, y aun así un hombre le exige una “prueba” prolongada, humillante y personalizada para decidir si puede o no inscribirse. A un colega hombre, en cambio, lo dejan entrar sin prueba alguna. Esa escena es familiar para muchas de nosotras. No es sobre natación. Es sobre autorización. Es sobre quién debe probar, sin descanso, que sabe nadar, producir, investigar; quién tiene que flotar frente a otros para ser admitida, y quién entra “como Juan por su casa”, sin demostrar nada. Saldaña (2025) en Flotar, o de cómo hacer que las mujeres SNI permanezcan en su lugar, señala que el sistema académico mexicano se sostiene sobre estructuras patriarcales que “premian la permanencia en un molde y castigan la disidencia, el exceso de producción o la visibilidad femenina autónoma”. Esta autora explica que las mujeres académicas se ven obligadas a “flotar” para sobrevivir en un sistema que las mantiene en constante precariedad simbólica, en el que se les recuerda, explícita o implícitamente, que su lugar no es el de la autoridad epistémica sino el de la subordinación discreta.

En las universidades contemporáneas, las mujeres jóvenes con trayectorias intensas y visibles, aquellas que investigan en colaboración con grupos internacionales, publican, dirigen proyectos, forman estudiantes y participan en órganos colegiados, se enfrentan a una forma de violencia que casi nunca se nombra como violencia porque no adopta el tono del golpe, sino el tono de la evaluación técnica. No se expresa necesariamente en agresiones abiertas o insultos explícitos. Se expresa en mecanismos finos de control institucional: evaluaciones opacas, dictámenes que elogian, pero niegan, lecturas discrecionales del mérito, exigencias formales que desplazan la atención del fondo al expediente (“la carpeta no está ordenada”, “faltan constancias en el formato exacto”), y procedimientos administrativos que se anuncian como neutros pero que reproducen jerarquías de género y de generación (Fricker, 2007).

Las mujeres jóvenes, solteras y con trayectorias destacadas suelen ser objeto de una violencia sutil, persistente y normalizada: la sospecha sobre su competencia, el escrutinio sobre su conducta personal, y la negación de méritos bajo el disfraz de “criterios técnicos”. Estas tecnologías de deslegitimación siguen un patrón: primero, colocar la duda. ¿Realmente es tan competente? ¿No estará exagerando su papel en los proyectos? Después, examinar la conducta personal, no solo la producción académica: si es “demasiado visible”, “demasiado activa”, “demasiado ambiciosa”. Finalmente, relativizar el mérito. El mismo logro que en un colega varón se narra como “liderazgo consolidado”, en una mujer joven se narra como “urgencia por figurar”. Esta traducción es política.

Este texto surge de la reflexión sobre mi propia experiencia dentro de los sistemas de evaluación universitaria y nacionales de investigación. No se trata de una queja, sino de un ejercicio analítico sobre cómo la edad, el género y las jerarquías institucionales se entrelazan en los procesos de valoración académica. Mi intención es contribuir a una discusión más amplia sobre la justicia en la universidad, el reconocimiento y las tensiones que enfrentamos las mujeres jóvenes que habitamos un espacio aún marcado por viejos esquemas de percepción.

Las trayectorias femeninas en la universidad latinoamericana están atravesadas por esta sospecha institucionalizada y, además, por una precarización material específica, las mujeres académicas, sobre todo en etapas tempranas y medias de la carrera, están sobrerrepresentadas en posiciones de riesgo (coordinaciones, temporalidad de contratos, por ejemplo), con sobrecarga docente y de gestión, y con responsabilidades de acompañamiento emocional y académico de estudiantes que no son reconocidas formalmente ni retribuidas de manera equivalente (Rosales, 2019; Villalobos Nájera, 2021). La literatura ha mostrado que esta sobrecarga ralentiza las posibilidades de promoción y consolidación en comparación con los hombres, incluso cuando las mujeres cumplen con, y a menudo exceden, los indicadores de productividad científica (Rodríguez, 2025; Torrico-Ávila, 2022). Es decir, la violencia simbólica tiene consecuencias materiales. No solo nos examinan más. También nos pagan menos, nos estabilizan más tarde y nos ascienden después.

Este texto surge de un momento muy concreto de mi propia carrera. Este año fui evaluada por dos instancias académicas distintas. La primera emitió un dictamen que describía mi desempeño como “sobresaliente”. Sin embargo, la resolución final negó el nivel de reconocimiento que, conforme a los criterios establecidos, correspondía plenamente. Las razones invocadas no se centraron en la calidad ni en el impacto del trabajo, ni en la consistencia de la trayectoria, sino en objeciones de forma: la supuesta organización del expediente, el modo de presentar evidencia, el acomodo de las constancias.

Presenté una apelación con base en el propio marco normativo, argumentando que las observaciones carecían de sustento técnico y evidenciaban un uso discrecional de la evaluación. Lo importante aquí no es el caso individual, sino el patrón institucional que revela: la evaluación puede convertirse en una herramienta de control simbólico, donde la objetividad anunciada se sustituye por juicios subjetivos y sesgos implícitos, incluso cuando las normas formales pretenden neutralidad.

Aquí quiero detenerme en la edad. Después de esta resolución adversa, algunas explicaciones informales circulaban en pasillos con tono de consejo, casi de afecto institucional. Se me dijo que “todavía no tengo la edad”, o que “no tengo los años de las vacas sagradas jurídicas para aspirar a tanto”. Ese tipo de comentario, que pretende ser tranquilizador (“tiempo al tiempo”), no es anecdótico ni inofensivo. Contiene una pedagogía de lugar: te ubica. Lo que está diciendo es que el reconocimiento, en ciertos niveles, no es un resultado de tu trabajo, sino una prerrogativa asociada a la antigüedad simbólica. En otras palabras: puedes producir, dirigir, publicar, formar, sostener trabajo colectivo y de alto impacto... pero todavía “no te toca”.

En contraste y casi en paralelo, una segunda evaluación nacional de mi investigación, realizada de manera independiente durante el mismo periodo y con los mismos materiales, reconoció mi trayectoria y otorgó el nivel solicitado, uno de los más altos del sistema antes de llegar al emeritazgo. Dos valoraciones del mismo trabajo, dos lecturas opuestas. Lo que cambia no son los méritos, sino los lentes con que se mira.

Esa paradoja, que una instancia niegue lo que otra reconoce, expone la fragilidad del principio de mérito cuando se enfrenta a estructuras atravesadas por jerarquías y sesgos de género. Si los criterios fueran realmente objetivos, los resultados no deberían depender del contexto o del comité que los interpreta. Lo que se pone en juego, entonces, no es solo el reconocimiento individual, sino la credibilidad institucional y la posibilidad misma de hablar de justicia académica.

Como advierte Fricker (2007), las instituciones pueden ejercer injusticia epistémica cuando niegan credibilidad no por falta de evidencia, sino por prejuicios normalizados. En el ámbito académico, esta injusticia se disfraza de procedimiento, se invocan tecnicismos y formalidades para justificar decisiones que en realidad reproducen jerarquías. 

Esta pedagogía de lugar coincide con lo que Buquet et al. (2013) describen como la lógica de intrusión, las mujeres somos tratadas como recién llegadas, incluso cuando llevamos años trabajando y sosteniendo institucionalmente espacios clave. Y coincide también con el análisis de Saldaña (2025), se nos exige flotar a la vista de todos, en una prueba constante de suficiencia, mientras otros entran sin prueba alguna. A ellos se les presume capacidad. A nosotras se nos administra capacidad como una concesión.

Quiero subrayar algo que es políticamente delicado, pero necesario, ya que esta forma de control simbólico se recubre de cortesía. Nadie dice, abiertamente, “no puedes porque eres mujer”. Lo que se dice es: “no te adelantes”, “no seas ambiciosa”, “te gusta el protagonismo”, “espera tu turno”, “no todo es tan rápido”. Ese lenguaje morigerado funciona como un dispositivo de ralentización de las trayectorias femeninas. Es un freno con modales.

Otra capa de esta misma estructura es la narrativa de la sospecha permanente. A lo largo de mis evaluaciones más recientes reapareció, de forma indirecta, un episodio ocurrido en una etapa temprana de mi carrera, que en su momento fue revisado por un comité de ética en la institución. En ese procedimiento asumí los señalamientos, reconocí los errores y faltas y seguí las medidas que se me indicaron. Sin embargo, observo que ciertos procesos evaluativos mantienen viva esa sospecha, como si los errores tempranos debieran definir para siempre la legitimidad de una académica, aun después de ser solventados conforme a los mecanismos internos.

Menciono este episodio no por su relevancia específica, sino por su persistencia simbólica. La persistencia selectiva de esa memoria institucional es, también, una forma de control. Mientras los logros se relativizan (“es pronto”, “ya llegará tu momento”), los tropiezos no caducan. El mensaje es claro: en el caso de las mujeres, la reparación ética nunca es suficiente para cerrar completamente un expediente simbólico. Esta práctica no es una anécdota personal, es coherente con lo que la literatura describe como la fabricación de una trayectoria “siempre en falta”, que obliga a las mujeres a probar, una y otra vez, que merecen estar donde están (Rosales, 2019; Villalobos Nájera, 2021).

El verdadero problema no radica en los procedimientos, sino en las narrativas que los rodean. Las instituciones, como las personas, construyen memoria, pero a menudo esa memoria es selectiva. Los logros se relativizan, los errores, en cambio, se vuelven indelebles. Esa asimetría reproduce un orden simbólico en el que la desaprobación se convierte en mecanismo de control.

Los sistemas de evaluación académica deberían encarnar el principio de justicia. Sin embargo, cuando los criterios se aplican de forma discrecional o interpretativa, la valoración se vuelve un ejercicio de poder. La contradicción entre dos lecturas opuestas de una misma trayectoria no es un detalle administrativo: es el síntoma de un problema estructural.

Lo anterior tiene efectos directos en la economía de nuestras carreras. La precarización académica en América Latina tiene un rostro de género. Diversos estudios muestran que las académicas están concentradas en posiciones de alta carga docente y gestión universitaria, con menor previsibilidad de ascenso y mayor presión para “demostrar liderazgo” sin contar con las mismas condiciones estructurales, financieras, de red institucional, de tiempo protegido para investigar, que se asumen como naturales en los varones consolidados (Rodríguez, 2025; Torrico-Ávila, 2022). Esta precariedad no es solo laboral, es política. Funciona para mantenernos en disponibilidad perpetua, agradecidas y justificando nuestra presencia. Es decirlo con todas sus letras: es una forma de disciplinamiento.

Cuando una evaluación institucional niega un reconocimiento formal que otra evaluación equivalente sí otorga, no estamos ante una mera diferencia de criterio. Estamos frente a una forma de producción de realidad. Una comisión decide, en efecto, si la categoría “liderazgo académico” aplica o no aplica. Una comisión decide si nuestro trabajo merece ser leído como capacidad probada o como exceso de ambición. En ese gesto se construye, o se suspende, legitimidad.

He llegado a pensar que la pregunta de fondo no es ¿por qué no reconocen el mérito?, sino ¿a quién sirve que el mérito femenino tarde más en ser reconocido? Porque el retraso no es neutral, ese retraso sostiene jerarquías, ancla salarios, ordena promociones y distribuye autoridad.

Por eso insisto en que este no es un texto de queja. Es, más bien, una descripción de funcionamiento. Cuando dos evaluaciones simultáneas del mismo expediente académico producen resultados contradictorios, una niega lo que la otra reconoce plenamente, lo que se evidencia no es la ineficiencia administrativa, sino la plasticidad política de categorías como mérito, liderazgo y capacidad. Fricker (2007) lo ha llamado injusticia epistémica, dada la negación sistemática de credibilidad a ciertas voces en virtud de quiénes son, no de lo que hacen. 

He aprendido que el mérito no se sostiene solo en la evidencia, requiere instituciones capaces de ejercer la justicia con coherencia. La ironía de haber sido reconocida y negada casi al mismo tiempo por instancias distintas no es un accidente, sino una forma de verdad institucional, puesto que revela que la justicia académica sigue siendo un territorio disputado, donde el género, la edad y la independencia intelectual influyen más de lo que se admite.

Flotar, en este contexto, no es renunciar. Es sostenerse en un punto de tensión entre mérito y reconocimiento, entre pasión y sospecha. Es continuar trabajando, enseñando, escribiendo, aun sabiendo que la pasión académica que mueve este trabajo puede convertirse, como señala Saldaña (2025), en una trampa, puesto que se nos exige amor al trabajo para sostener instituciones que, a su vez, administran nuestra permanencia, ya que el sistema académico castiga la visibilidad y premia la docilidad. La flotación de la que habla la autora no es pasividad, sino supervivencia, una estrategia para sostenerse en un entorno que exige excelencia, pero castiga la autonomía. Flotar implica hacer visible el mérito sin desafiar los límites simbólicos del reconocimiento; implica existir en equilibrio constante entre el impulso y la contención.

En mi experiencia, esa tensión define buena parte de la vida académica femenina contemporánea. Trabajar con intensidad, dirigir proyectos, publicar con regularidad o participar en espacios públicos no son actos de soberbia, sino de compromiso. Sin embargo, la estructura institucional convierte ese compromiso en demasiado, un exceso que incomoda y se disciplina a través de evaluaciones arbitrarias o de discursos de moderación. Y, aun así, seguimos. No porque ignoremos la estructura, sino precisamente porque la vemos.

Referencias

Buquet, A., Cooper, J. A., Mingo, A., y Moreno, H. (2013). Intrusas en la universidad. Universidad Nacional Autónoma de México.

Fricker, M. (2007). Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing. Oxford University Press.

Matus, C., Riberi, V., y Rojas, F. (2024). Gender bias versus gender violence in higher education. Social Sciences, 13(12), 658. https://doi.org/10.3390/socsci13120658 

Rosales, J. (2019). Desigualdad de género y precarización laboral. Una aproximación desde América Latina. XIII Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. https://cdsa.aacademica.org/000-023/137.pdf 

Saldaña, A (2025). Flotar, o de cómo hacer que las mujeres SNI permanezcan en su lugar. Revista Común. https://revistacomun.com/blog/flotar-o-de-como-hacer-que-las-mujeres-snii-permanezcan-en-su-lugar/

Salado Rodríguez, L. I., Rodríguez Pérez, A. G., Hernández y Hernández, D., y Morales, E. (2025). Condiciones laborales de científicas en una institución de educación superior periférica mexicana. Frontera norte, 37, e2395. https://doi.org/10.33679/rfn.v1i1.2395

Torrico-Ávila, E. et al. (2022). Experiencias de investigadores noveles latinoamericanos: inserción académica y precariedad laboral. Revista Latinoamericana de Educación e Investigación, 12(1). https://www.redalyc.org/journal/3845/384568494007/384568494007.pdf 

Villalobos Nájera, S. (2021). Cuidado, crianza y precariedad laboral: la sobresaturación de las mujeres que trabajan en las universidades. Revista Inclusiones, 8(esp.), 27–56. https://revistainclusiones.org/index.php/inclu/article/view/2568 

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María de Jesús Medina Arellano. Investigadora Titular B del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Investigadora Nivel III del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores SNII. Integrante del Colegio de Bioética A. C., y vicepresidenta de la Sociedad Mexicana para la Investigación en Células Troncales.