1. Contexto de las niñas y las adolescentes indígenas en México

Las niñas y las adolescentes en México representan un grupo etario que históricamente ha sido vulnerado,[1] por la edad y sus interseccionalidades y lo mismo acontece con la población indígena de nuestro país.[2] Sus derechos humanos y su situación de vulnerabilidad, se acentúa en un contexto de violencia, delincuencia y de criminalidad de un gobierno que desde las políticas públicas y la política criminal debe visibilizar y crear indicadores de sus múltiples interseccionalidades para atender sus derechos en forma integral.[3]

En el año 2020, el INEGI, mostró que 23.2 millones de personas de 3 años en adelante se identificaban como indígenas en México, es decir el 19 % de la población, ver tabla 1.[4]

Tabla 1 

Total de comunidades por pueblo indígena y afromexicano

Fuente: INPI. Sistema Nacional de Información y Estadística sobre los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. 2025.

Mientras tanto, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) proporciona los siguientes datos: en 2020 habían 1.7 millones de niñas, niños y adolescentes indígenas en México, de las cuales el 50.1 % era representado por las niñas y las adolescentes, la mayor parte se encontraba en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, mismas entidades que se posicionan según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) como los principales territorios con mayor índice de pobreza, marginación y falta de acceso a servicios básicos.[5]

2. Violencia estructural e institucional

La violencia estructural e institucional, entendida como aquella que vulnera a una persona por encontrarse en situación de vulnerabilidad, en cuestión de la falta de acceso al ejercicio de sus derechos básicos, tales como el de la salud,[6] la educación, la igualdad, el derecho a jugar, contar con registro y acta de nacimiento,[7] entre otros. El CONEVAL deja ver este contraste entre población indígena y no indígena, en 2018 solo el 39% de la población no indígena se encontraba en pobreza y el 5.3 % en pobreza extrema, contrastando con el 69.5 % de la población indígena en pobreza y el 27.9 % en pobreza extrema.

De la misma forma, la brecha de acceso a los derechos del sector de niñas, adolescentes y personas indígenas aumentó entre 2016 y 2022, además de que entre 2010 y 2020 el porcentaje de personas indígenas de 3 a 17 años con discapacidad aumentó 481.3 %, según análisis de REDIM. Analizar como la interseccionalidad de las violencias afecta a este sector específico, es crucial para identificar que los niveles de exclusión son en cuestión a su etnia y su minoría de edad, siendo también atenuado por el género.[8]

Save The Children[9] considera que los roles y estereotipos atribuidos al género femenino son de las causas principales de la violencia basada en género, en donde las niñas y las adolescentes son valoradas en cuestión al papel que desarrollan en la sociedad patriarcal, mismas que se sustentan en la obediencia y las limitaciones a su libertad. Ejemplo de ello es que, en 2021, una de cada trece adolescentes indígenas (12 a 17 años de edad) se encontraban en uniones tempranas según el INEGI. 

Además, la SESNSP mostró que, en lo que va del año, han habido 49 feminicidios y más de 300 homicidios de niñas y adolescentes, sumando también 170 niñas y adolescentes que han sido víctimas de trata de personas.

3. Niñas y adolescentes ante la violencia de género-víctimas de delitos

La política criminal en su marco de expresión normativo, requiere de eficacia frente a los actos de violencia de género en contra de las niñas y las adolescentes indígenas,[10] en forma integral desde un derecho victimal y como víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos humanos: feminicidios, delitos sexuales, trata de personas, lesiones, violencia familiar,[11] desaparición, corrupción de menores, comercio y explotación sexual, matrimonios forzados, etc.[12]

El reto para sus derechos humanos, en la estructura social, es enfrentar las desigualdades que limitan el acceso a las oportunidades y el acceso a la justicia, que abarcan los tipos de violencia de género (emocional, sexual, física, patrimonial, económica, etcétera). El gobierno debe hacer visible en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), con interseccionalidad de los datos estadísticos de las niñas, adolescentes y mujeres, tener una perspectiva de infancias, adolescencias, género e interseccionalidad con un enfoque diferencial y especializado y con peritajes especializados para víctimas como lo establece el artículo 275 del Código Nacional de Procedimientos Penales.[13]

Todos los indicadores del sistema penal muestran a este grupo etario de los 0 a los 17 años, como grupos en situación de vulnerabilidad y una importante carencia de contar con normativas ad hoc, infraestructura y personal que tenga competencias, sensibilidad y empatía en el trato.[14] El acceso a la justicia de niñas y adolescentes,[15] como lo establece la Ley General de Víctimas debe tener un enfoque diferencial y especializado y además de la interseccionalidad debe respetar la cosmovisión con perspectiva de infancias, adolescencias y de género.[16] Dando a entender, que la violencia por razones de género crea una realidad injusta particularmente para la población infantil y adolescente particularmente, y pertenecer a un grupo indígena puede aumentar la brecha de acceso al cumplimiento de derechos, perpetuando la desigualdad, la violencia, y los patrones culturales que desajustan las oportunidades y dar cumplimiento a la sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de México.[17]

A modo de conclusión, las niñas y adolescentes indígenas tienen un contexto histórico-social de situación de vulnerabilidad, requiere visibilizar su presencia en nuestras políticas públicas y en la política criminal, como responsabilidad del Gobierno de México, la comunidad y la sociedad, que les brinde una vida libre de violencias, delincuencia y crímenes.

Bibliografía

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María Teresa Ambrosio Morales. Técnica Académica en la Biblioteca Jorge Carpizo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesora de Asignatura en la Especialidad en Derecho Penal en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho UNAM. https://orcid.org/0000-0002-8346-0437

Carlos Arturo Díaz Espinoza. Estudiante de la Especialidad en Derecho Penal en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho UNAM.

[1] Organización Mundial de la Salud, Informe mundial sobre el edadismo. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud; 2021. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. https://doi.org/10.37774/9789275324455

[2] Véase González Contró, Mónica, Derechos humanos de los niños: una propuesta de fundamentación, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2008.

[3] Cfr, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Violencias contra niñas, niños y adolescentes en America Latina y el Caribe, Costa Rica, 2019. violencias_spa.pdf

[4] Cfr, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, La población indígena en México. Acuerdo por el que se actualiza el catálogo nacional de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, expedido y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2024, Diario Oficial de la Federación, 21 de febrero de 2025.

[5] REDIM, “Situación de los derechos de la infancia y adolescencia indígena en México (Octubre, 2024)”, Blog de datos e incidencia política de REDIM, México, 9 de octubre de 2024, https://blog.derechosinfancia.org.mx/2024/10/09/situacion-de-los-derechos-de-la-infancia-y-adolescencia-indigena-en-mexico-octubre-2024/. consulta 20 de octubre de 2025. 

[6] Guevara López, Uría M., Atlas Mexicano de Cuidados Paliativos 2023, México, Instituto Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos, Observatorio Nacional de Cuidados Paliativos, 2023.

[7] UNICEF, UNICEF para cada Niño; informe Anual México 2018, México, UNICEF. 2019.unicef.org/mexico/media/1781/file/Informe anual 2018.pdf

[8] RED POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA EN MÉXICO (REDIM), “Niñas y mujeres adolescentes en México. 11 octubre 2025”, Blog Derechos Infancia, México, 8 de octubre de 2025. https://blog.derechosinfancia.org.mx/2025/10/08/ninas-y-mujeres-adolescentes-en-mexico-11-octubre-2025/

[9] SAVE THE CHILDREN MÉXICO, Recuperar el poder de las niñas y adolescentes en el tiempo de mujeres transformadoras, México, Save the Children México, 2024. https://savethechildren.mx/wp-content/uploads/2024/10/Recuperar-el-poder-de-las-ninas-y-adolescentes.pdf

[10] Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Diario Oficial de la Federación 24 de enero de 2012.

[11]  Cfr, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, Diario Oficial de la Federación de 7 de junio de 2023.

[12]  Cfr, Lima Malvido, María de la Luz, Derecho victimal, México, Porrúa, 2019. Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional para protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia. Aprobado el 12 de febrero de 2021, por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, mediante Acuerdo SIPINNA/02/VE/2021, en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención y Atención de las Violencias en contra de Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes.

[13] Código Nacional de Procedimientos Penales, Diario Oficial de la Federación, 5 de marzo de 2014.

[14] Cfr, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación,  2024. Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia | Suprema Corte de Justicia de la Nación, consulta 26 de octubre de 2025.

[15] Suprema Corte de Justicia de la Nación, Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación,  2024.

[16] Cfr, Rojas Camacho, Raúl, Los indígenas como víctimas del delito, tesis de Maestría en Derecho UNAM, asesor, Rodríguez Manzanera, Luis, México, División de Estudios de Posgrado, Facultad de Derecho UNAM, 2006.

[17] Suprema Corte de Justicia de la Nación, Derechos de la niñez y la adolescencia, Sistematización de criterios hasta junio de 2024.Líneas de precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Núm. 9, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación.