Juzgar es, por lo demás, la obra más difícil del espíritu humano, enredado en las debilidades y pasiones humanas, la justicia de mostrarse superior a ellas debe permanecer impasible en medio del choque de las pasiones y de la agitación de los partidos. 
Desafiar, si es necesario, al poder y socorrer valientemente al débil. 

Despreciar y reprimir la injusticia en donde quiera que se halle y cualquiera que sea su disfraz. El hombre encargado de impartir justicia en la tierra tiene el deber de dar a la sociedad una vida apacible. 

J. Moliérac 

Voy a centrar mi exposición en los aspectos de la iniciativa de reforma constitucional presentada el 5 de febrero de este año por el presidente de la República en los aspectos de la designación de magistrados de circuito y jueces de distrito, y que hace extensivo a los magistrados y jueces del fuero común. 

Yo advierto que, desde este punto de vista, la iniciativa de reforma judicial parte de un diagnóstico inadecuado y propone una pésima solución que además es costosísima, tortuosa y que agravará los problemas que afectan al Poder Judicial y desde luego, no resolverá los que indica en la exposición de motivos. Además, lo más grave es que esta reforma va a acentuar la falta de acceso de los más débiles al sistema de justicia. 

Requiere muchos recursos presupuestarios. En el Senado, Ricardo Monreal habla de tres mil quinientos millones de pesos. La candidata electa de siete mil, la Suprema Corte de treinta mil y el INE simplemente no sabe. Es una elección costosísima. 

Si a las personas que acceden a los juzgados y tribunales les dijéramos oye, hay 7 mil millones de pesos para el sistema de justicia, ¿cuál sería la respuesta de esas personas? La respuesta de esas personas, quieren más jueces, más secretarios, más instalaciones dignas para que los asuntos se resuelvan rápidamente, no con un sistema lo que pretende realmente es una purga y una captura del Poder Judicial. 

Desde luego que esta reforma además preocupa a los mercados internacionales por la debilidad que va a generar en el sistema de administración de justicia, querámoslo o no. Principio de realidad freudiana el contar con un sistema de administración de justicia confiable, predecible, es una condición para el crecimiento económico de este país. 

Politiza la justicia por el sistema de preselección que ya se mencionó aquí —el tema de la boleta es lo menos importante—. La preselección hecha por órganos políticos; no importa quién llegue a la boleta, finalmente va a ser una persona leal al régimen, que es lo único que interesa en esta reforma. En el aspecto que estoy comentando, lo más grave, no garantiza la profesionalización.

Yo me pongo a pensar sinceramente cualquier abogado, por más años que tenga en el litigio, ¿podrá sentarse en una sala de juicio oral a resolver sobre la culpabilidad o la inocencia de una persona sin la experiencia y la capacitación adecuada? 

Tenemos además jueces laborales, jueces en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones en materia administrativa en amparo; quienes requieren una altísima profesionalización y especialización. Eso no lo puede hacer cualquier abogado. 

No garantiza la independencia de los juzgadores. También, querámoslo o no, la independencia judicial es un ius cogens, es un derecho de los justiciables a ser tratados en condiciones de igualdad en los tribunales. Entonces podemos alegar una serie de cuestiones, pero son estándares internacionales que México está comprometido a respetar y los jueces deben ser independientes, deben resolver las controversias sin deberle a nadie el cargo y sin tener las presiones de factores económicos, políticos o internos del Poder Judicial respectivo. 

Además, la reforma lo que trae es que no trae las garantías judiciales adecuadas para que los jueces sean independientes. Vamos a ser condenados por la Corte Interamericana, seguramente porque estos asuntos ya se están preparando para llevar a esos tribunales. 

Atenta contra los derechos humanos de todos los mexicanos y mexicanas. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es un derecho de los ciudadanos. Viola los estándares que establece el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TMEC) del capítulo 23 y el artículo primero del Acuerdo Global con la Unión Europea, vamos a tener también problemas en ese sentido. Será un instrumento para la revictimización y la persecución política porque son jueces que le deben el puesto al régimen. Van a ser los jueces del Führer los que le juraron lealtad al Führer. 

No seamos ingenuos, va a haber financiamiento ilícito, porque además la elección es por circuitos, por los grupos de interés de esos circuitos. Aunque está prohibido, pues ya sabemos que ese dinero llegará a promover esos candidatos. Y lo más grave, el crimen organizado tendrá formalmente pagados y en nómina a los jueces que además no tienen ninguna garantía para realizar su función. 

En el caso del Poder Judicial de la Federación. Desperdicia los recursos monetarios, los recursos intelectuales que el pueblo de México ha invertido en la carrera judicial durante 30 años. La Escuela Federal de Formación Judicial sacó ya un estudio de entre 1996 y 2024 se han realizado 113 concursos de oposición para jueces y magistrados de circuito. Han participado 37, 451 personas en esos concursos de oposición y se han designado 1, 529 jueces y magistrados de Circuito. 

Lejos de democratizar la justicia, combatir la corrupción y las influencias del crimen organizado, las agravará perjudicando a los que menos tienen y a los más débiles. Serán comunes las resoluciones sin sentido, absurdas, fuera de técnica legal, basadas en sesgos ideológicos. 

Yo digo que esta reforma lo que va a traer es la muerte del derecho, porque finalmente, después de una controversia, si el que va a decidir al final no lo va a hacer con independencia y profesionalismo final, el derecho se muere. 

Las escuelas de derecho deberían de cerrar y dedicarse a enseñar tráfico de influencias y marketing y otro tipo de cosas, pero no derecho, porque la reforma lo que hace es institucionalizar lo anterior. 

Claro que requerimos una reforma al sistema de justicia. ¿Qué deberíamos estar discutiendo acá? Los temas de seguridad son los que al 52.3% de los mexicanos nos preocupan. 

Tenemos un sistema acusatorio penal que es un verdadero desastre, hay que reconocerlo, tenemos que estar viendo qué pasa en las fiscalías. Eso es lo que le duele a la gente. Por ello, la campaña mediática ha querido confundir que la reforma va por ahí. Pero el Poder Judicial no son policías ni son fiscales y ahí están los verdaderos problemas ¿qué requiere la gente? Porque ahí dicen que votamos el 2 de junio por el Plan C y por la reforma judicial. 

No, la gente lo que requiere, lo que demanda es un sistema efectivo, moderno, rápido, cercano, de administración de justicia. Y eso se logra con presupuestos, con carrera judicial y sobre todo con la profesionalización de los juzgadores. La reforma va en sentido contrario de lo que requieren. La carrera judicial debe institucionalizarse y perfeccionarse en el ámbito local, en el Tribunal de Justicia Administrativa y en el Tribunal Agrario. 

Hay que destacar que la relatora de la Organización de las Naciones Unidas para la Independencia, Margaret, en el informe que de 9 de abril de 2024 el cual rindió ante el Consejo de Derechos Humanos de esta organización, lleva por título: “Salvaguardar la Independencia de los Sistemas Judiciales frente a los Desafíos Contemporáneos a la Democracia”, y creo que esto es importante porque ya nos está alertando la necesidad de modificar para capturar o frenar las instituciones de justicia. La relatora está viendo en el mundo un fenómeno de captura de las instituciones de justicia. Y dentro de las recomendaciones que hace la relatora dice: “Las decisiones sobre el nombramiento y el ascenso de los jueces deben adoptarse mediante un proceso transparente por parte de un Consejo Judicial o un órgano equivalente, independiente de los poderes legislativo y Ejecutivo”. 

El procedimiento de selección y nombramiento de jueces debe basarse en criterios objetivos previamente establecidos por la ley o por la autoridad competente. Esto es soft law para nuestro país, es una orientación muy fuerte de cómo deben de tomar las decisiones legislativas. 

Otro dato interesante en apoyo de lo que dije en mi primera intervención, si se llevará a cabo la reforma constitucional como se tiene prevista, la elección sería para 10, 152 candidatos, como se tiene que hacer por circuitos, en el primer circuito judicial hay 348 jueces y magistrados. Habría una boleta o boletas, o diría yo, una sección amarilla de 2,088 candidatos. Esto demuestra lo absurdo que además es la reforma. 

El relator de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Magistrados, en su momento, el doctor Diego García Sellan, hizo una visita al estado plurinominal de Bolivia y sobre este sistema magnífico que están proponiendo la iniciativa de reforma constitucional, dice en el punto 102: “la elección por sufragio universal de integrantes de las Altas Cortes y el Consejo de la Magistratura establecida en la Constitución de 2009, no ofrece las garantías suficientes para evitar injerencias políticas, no asegura el nombramiento de personas idóneas a los cargos ni ha generado legitimidad en los procesos de votación popular marcados por el ausentismo y el voto nulo o en blanco”, porque en Bolivia es obligatorio votar, entonces la gente, lo que acelera de su sección amarilla con todos los candidatos y vota en blanco o nulo. Yo sí creo que necesitamos una reforma judicial, pero que vaya en el camino de los estándares internacionales, vaya en el camino de las democracias constitucionales, vaya en el camino que el propio, por ejemplo, Eugenio Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice que es el modelo democrático contemporáneo de designación de jueces cuando se hace por un órgano independiente en base en méritos y a través de la carrera judicial. 

¿Qué problemas son los que hay que resolver? Pues dentro de ese esa línea de una democracia moderna, efectiva, cercana a la gente, están los estándares de la OCDE, nos dice que debemos tener 65 jueces por cada 100, 000 habitantes. 

En México tenemos 2.2 jueces por cada 100, 000 habitantes. Estos datos yo creo que son alentadores, orientadores de lo que debemos estar haciendo en nuestro país en materia de justicia. Se acaba de aprobar la Ley General de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares sin recursos. 

¿Qué necesitamos? Recursos para que estos dos instrumentos que se tardaron mucho en gestar, pues sí lleguen a la gente, se implementen con jueces capacitados, con un mayor número de jueces. 

Tuvimos la noticia que en la Ciudad de México todavía tuvieron que cerrar por falta de presupuesto órganos jurisdiccionales, civiles y familiares. Eso le duele a la gente, que no hay el número suficiente de jueces, necesitamos fortalecer las defensorías públicas, la digitalización e interconexión de los tribunales. 

Yo simplemente quiero terminar con esta frase. 

Esta iniciativa la hicieron personas que no quieren a México, y la van a apoyar personas que son guiadas por la ideología y que tampoco quieren a México. 

Gracias.