El presidente López Obrador, ha demostrado ser un mago, que da mucha luz algunas cosas para que brillen, y quita los reflectores a otras, para que pasen en lo obscurito.

Su iniciativa de Reforma Judicial se centró desde el principio, en el tema de la elección de ministros, los magistrados y jueces, que es sobre el que más se ha polemizado, y que se basa en las críticas al actual poder judicial; pero sin que se note mucho, la verdadera espada de Damocles y las cadenas que se impondrá al poder judicial está en las entidades que sustituirían al Consejo de la Judicatura, el Tribunal Disciplinario y solo llamado Órgano Administrativo Judicial. 

Los que llegan por elección, como los legisladores de Morena y aliados, están en la realidad, subordinados a quienes los propuso, sea el partido, o el presidente, y no verdaderamente, al pueblo que los eligió, y que solo fue un medio de legitimación; lo que vemos con los legisladores de Morena, es lo que veríamos con la elección de juzgadores, o sea de ministros, magistrados y jueces, y que ya vemos con las tres. 

Pero pese a lo anterior, el presidente teme, que como paso con una ministra y un ministro actuales, algunos de los juzgadores electos, actúen con independencia, y apegados a la Constitución y la ley, y no a los deseos e intereses de gobierno. 

El Tribunal Disciplinario y el Órgano Administrativo Judicial, son los que pueden dar y quitar, quitar, premiar y castigar en forma discrecional y sin que haya recurso contra sus decisiones. 

El Órgano Administrativo Judicial, significaría la pérdida de la independencia y autonomía, al tener a los juzgadores, el gobierno de la 4T, bien agarrado, en donde más duele, en lo económico y en su estabilidad laboral.

Si ésta mal el poder judicial, si se requiere una reforma judicial pero no así, más que esto en mucho, la culpa es del poder ejecutivo, que no da el presupuesto suficiente para el funcionamiento, profesional, ágil y honesto que se requiere, y del legislativo que no crea leyes procesales para mejorar el funcionamiento. 

Somos de los países en el mundo que menos jueces por 100 mil habitantes tenemos, y en el actual gobierno, además se ha disminuido en términos reales, éste presupuesto. 

La reforma en lugar de asegurar y blindar el presupuesto del poder judicial, le quita a la Suprema Corte y a los demás órganos jurisdiccionales, el derecho a administrar sus recursos, sus asignaciones presupuestales, etcétera. 

Es como si en una dependencia o entidad del gobierno federal, o a un gobierno estatal o municipal, se le quitaran el mando sobre su oficialía mayor, sus áreas de administración, de recursos materiales, personal, finanzas y presupuesto, todo ello y mucho más, lo manejara otro órgano alineado al gobierno morenistas. 

Este órgano sería autónomo de la Suprema Corte, no lo presidirá como ahora sucede, el presidente de la Corte, y estaría integrado por una persona designada por el Ejecutivo Federal, uno por el senado, y tres nombrados por la Suprema Corte. Otra cuestión no se limita que los miembros del órgano, sean licenciados en derecho, sino que pueden de carreras cómo economía, actuaría o cualquier otra afín lo que implicaría que puede ser la que sea, esto es grave porque del órgano depende la escuela judicial federal y la defensoría de oficio. Tiene una función materialmente legislativa, cómo es emitir acuerdos generales obligatorios y está a su cargo el ingreso, promoción y sobre todo la separación, con el terrible agravante de que sus resoluciones serían definitivas e intocables. 

El Órgano es un suprapoder, le correspondería la administración, vigilancia, carrera judicial, control interno, formación y evaluación del Personal, fiscalización permanente de los recursos humanos, materiales y financieros, elabora el proyecto de presupuesto entre otras cosas. 

El mayor poder en toda entidad pública o privada o de cualquier naturaleza, lo tiene el que maneja el dinero, esto es, él tiene el control y disposición de los recursos materiales, personales y financieros. 

Hay absurdos, cómo que quien manejara la administración, también manejara la contraloría, o sea la vigilancia sobre el manejo de los recursos, que el mismo órgano administraría. La dependencia de los juzgadores, privados de facultades administrativas, con respecto al órgano, les limitará en su independencia y autonomía con respecto a un órgano, ya que si se doblan ante el Órgano este les dará satisfacciones, recursos, plazas, y si no hay castigo. 

El resultado de lo anterior es que las decisiones de los juzgadores serán parciales a favor del gobierno y aceptaran todas las consignas, y así en lugar del principio pro homine, o sea en favor de los derechos humanos, prevalecerá el principio pro imperium, a favor del poder politico.