El Poder Judicial de la Federación enfrenta severos retos que ponen en riesgo su viabilidad institucional. A pesar de la sustantiva mejora que ha tenido en los últimos treinta años, gracias a la creación del Consejo de la Judicatura Federal y a una gran cantidad de recursos económicos invertidos, enfrenta graves problemas de corrupción y nepotismo, así como también falta de diversidad ideológica, racial y genérica. 

El foco de la propuesta presidencial del pasado cinco de febrero es equivocado, ya que considera que la elección popular de jueces y magistrados podría superarlos, apartándose del paradigma de carrera judicial que ha venido construyéndose.(1) La propuesta es errónea. Sustituir la carrera judicial por un nuevo sistema de elección es inadecuado, por la sencilla razón de que la elección de jueces y magistrados de ninguna forma garantiza tener jueces bien preparados y capaces para realizar sus tareas de mejor forma. El proceso de formación de un buen juzgador es muy complejo, y su capacidad de tomar decisiones imparciales fundadas en una buena comprensión del derecho se relacionan con su formación, experiencia y desarrollo de capacidades argumentativas, no por su carisma. En pocas palabras, no deberíamos tirar a la basura treinta años de lenta construcción de una judicatura profesionalizada por una vaga promesa electoral. 

¿Cómo superar entonces los problemas que presenta hoy la Judicatura Federal? En mi opinión el camino adecuado es insistir en el fortalecimiento de la carrera judicial. La Reforma Constitucional de 2021 tuvo el acierto de poner en el centro la carrera judicial mediante la creación de la Escuela Federal de Formación Judicial.(2) Pese a ello, el nuevo órgano encargado no ha podido construir un nuevo paradigma de carrera judicial que supere sustancialmente los problemas señalados y ha reproducido muchos de los vicios mencionados. Sería útil tener un diagnóstico que permita conocer cuáles han sido los límites de la correcta implementación de esa reforma que prometía combatir la corrupción y nepotismo a través de un nuevo perfil de juzgador. 

En el Poder Judicial no solo han existido los problemas anteriores, sino también desviaciones ideológicas en la toma de decisiones que tienen fundamento en los procesos educativos y de capacitación por los que pasan jueces y magistrados. Las escuelas realistas y de estudios críticos del derecho han enfatizado por una centena de años la relevancia en la formación de jueces como factor para la toma de decisiones. Dentro del Poder Judicial de la Federación se habla de ciertos perfiles que son “muy Poder Judicial”. Efectivamente, se ven reflejadas en el comportamiento de jueces y magistrados, las teorías y posturas del derecho que han sido populares en las décadas recientes. Al día de hoy, resultado de las décadas de capacitación, existe una extendida visión “liberal” respecto de la labor de los tribunales federales al interior de los diferentes órganos, a favor de la protección del libre mercado y los derechos humanos individuales, que influye en la preferencia en la selección y promoción de las personas que mejor encajan con esos perfiles. 

Como resultado de esto, el Poder Judicial de la Federación muestra una escasa diversidad ideológica, genérica y racial que el día de hoy choca con las posturas ideológicas de las nuevas mayorías. El tema de la falta de diversidad genérica es un argumento recurrente. A la fecha, el 61.3% de los jueces federales son hombres, y a nivel magistratura el porcentaje se eleva a 77.9%.(3) La falta de diversidad en cuestión racial y cultural es todavía más aguda. Invito a cualquiera de los lectores a nombrar un solo juez o magistrada bicultural que tenga capacidad de comprender la lengua y aspectos jurídicos de cualquiera de las culturas originarias del país. También es común que los jueces y magistrados sean egresados de un grupo muy reducido de universidades del país y que en su mayoría realicen estudios de posgrado en instituciones educativas españolas, con una visión en donde se repiten obras y autores. Todo esto se ve reflejado en su comportamiento y sus resoluciones, las cuales se toman bajo ciertos presupuestos ideológicos. 

Hace unas semanas The Economist publicó un interesantísimo artículo intitulado “Cómo los economistas de la escuela de Chicago reconfiguraron la justicia en Estados Unidos [How Chicago school economists reshaped American justice]”. En él, se señalaba la influencia que un programa de capacitación de dos semanas en Miami denominado Manne Economics Institute for Federal Judges, llevado a cabo entre 1976 y 1998, había tenido en el comportamiento posterior de jueces. Citando una investigación de Elliot Ash, Sursh Naidu y Daniel Chen, encontraron que quienes habían acudido a ese programa de formación tomaron lo que llaman una visión “conservadora” en casos de antimonopolio y otros aspectos económicos con una frecuencia mayor de 30% que antes de asistir al curso. También impusieron sentencias de prisión 5% de ocasiones y con mayor duración en el 25% de los casos. La conclusión del artículo es que “Los economistas de la Escuela de Chicago pueden estar todos retirados o muertos, pero los exalumnos del curso continúan siendo miembros activos de la judicatura. En las Cortes de todo Estados Unidos, la influencia de Posner vivirá en las décadas por venir”.(4) 

El intento del presidente López Obrador por erradicar estas desviaciones mediante la elección popular solo tendría efectos en el corto plazo. El costo en cambio sería perder la experiencia y esfuerzos realizados en los últimos treinta años para construir una judicatura profesionalizada. El camino para construir un Poder Judicial más diverso ideólogica, genérica y racialmente, y por lo tanto menos “conservador”, es más demorado y sinuoso. Es necesario que todos los concursos que se realicen sean públicos y abiertos, en condición de igualdad de oportunidades para todos los participantes. Asimismo, es necesario que sean realizados en coordinación con las instituciones educativas públicas de mayor prestigio en el país para garantizar la selección de los mejores perfiles y que no influyan otros factores en el momento de la designación. En la cuestión de capacitación se debe superar el paradigma liberal de los años recientes para abrirse a nuevas perspectivas teóricas no hegemónicas. Debe limitarse la endogamia que acusa hoy a la Judicatura Federal como forma de escapar de sus límites actuales para permitir que siga creciendo y fortaleciéndose en los años venideros. Solo así podremos fortalecer la justicia federal y evitar caminos que ponen en riesgo lo que se ha construido en la actualidad.

Notas al final:

(1) Iniciativa de Reforma al Poder Judicial. 5 de febrero de 2024. 

(2) “Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación”. Diario Oficial de la Federación, 11 de marzo de 2024. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5613325&fecha=11/03/2021#gsc.tab=0  

(3) Censo Nacional de Impartición de Justicia 2023, INEGI p. 15. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cni-jf/2023/doc/cnijf_2023_resultados.pdf   

(4) https://www.economist.com/finance-and-economics/2023/09/07/how-chicago-school-economists-reshaped-american-justice