La primera Constitución de la Revolución francesa, adoptada en medio de la euforia popular en 1791, estableció que los jueces serían elegidos mediante sufragio popular. Este sistema se mantuvo en las sucesivas Constituciones de 1793, 1795 y 1799, pero dio lugar a que se juzgara con criterios ideológicos por lo que fue suprimido en 1802. Ochenta años más tarde hubo un fugaz intento por restablecerlo pero no prosperó. 

La reivindicación revolucionaria de los derechos humanos fue desvirtuada por los jueces elegidos, que propendían a violarlos. El Comité de Salvación Pública de Robespierre, por ejemplo, fue una experiencia trágica de la hipotética justicia popular. 

En Estados Unidos la elección de jueces se inspiró en Francia y se apoyó en las tesis democráticas radicales de Thomas Jefferson y de Andrew Jackson. En ese país el procedimiento electoral subsiste en varios estados, aunque ha sido imposible evitar la intromisión partidista y jamás se ha sugerido extenderlo a los jueces federales. 

A partir de la publicación en Francia de la obra de Édouard Lambert, Le gouvernement des juges (1921), se generalizó la expresión “el gobierno de los jueces” para denotar excesos y extravíos judiciales. En México sin duda hay muchos problemas que corregir; pero esto no debe ser pretexto para destruir el sistema de justicia nacional. Reformar al poder judicial, sí, mas no convertirlo en un apéndice de partido. 

La judicatura independiente, profesional y honesta es indispensable en un Estado constitucional para preservar el ordenamiento y garantizar a todas las personas el ejercicio de sus derechos. Los juzgadores tienen que resolver de acuerdo con lo establecido por leyes que ellos no elaboran y están sujetos a la valoración de sus decisiones por parte de la opinión pública, la academia, el foro y la política. Su legitimidad resulta de ser nombrados conforme al procedimiento constitucional y de actuar apegados a las normas. 

En México se registran expresiones peyorativas en contra de los juzgadores con el propósito de atemorizarlos y desprestigiarlos, abriendo así espacios para violar la ley. La nación nunca había presenciado un embate verbal tan violento contra la judicatura como el que ahora encabezan el gobierno y su partido. Además, muchos gobernadores se sienten autorizados para hacer otro con los poderes judiciales de sus estados. 

En nuestro sistema constitucional el gobierno no es objeto de controles parlamentarios eficaces, y los controles jurisdiccionales existentes irritan a quienes no admiten verse cuestionados. Para evitar este control, el presidente de la República formuló una iniciativa de reformas constitucionales donde propone un mecanismo que facilite a su partido apropiarse de las funciones judiciales. 

Eso es lo que sucedería si todos los actuales ministros, magistrados y jueces dejaran sus lugares a quienes hicieran campañas electorales ofreciendo una justicia sesgada en favor de sus sufragantes. La iniciativa es un ardid; aviva las pasiones que provean votos a la nueva hegemonía. 

Hay cerca de 1600 magistrados y jueces federales. Su formación requirió un largo e intenso esfuerzo institucional. Se trata de un cuerpo de excelencia profesional, con amplio reconocimiento entre sus pares extranjeros. No se descarta que haya quienes desvíen su función, pero para eso están previstos correctivos y sanciones, que se aplican. 

Sustituir un poder constitucional completo por demagogos judiciales tendría consecuencias críticas para el ya muy dañado Estado de derecho en México. Imaginemos también lo que sucedería cuando en cada estado se tomara una decisión similar. La libertad y la seguridad jurídica de todos los habitantes quedarían a merced de jueces complacientes con los presidentes absolutos y los caciques locales. 

Justicia y democracia se complementan. La democracia es incertidumbre pues está sujeta al ejercicio libre y variable del sufragio; la justicia es certidumbre pues está sujeta al cumplimiento puntual de la ley. En cambio justicia y demagogia se excluyen. Esta se basa en la seducción por el engaño, no en la verdad, la razón ni la ley; su objetivo es el poder personal sin control, no la libertad y la seguridad de los gobernados. 

A la demagogia le estorban los demócratas y los jueces profesionales e independientes.