En el corazón de América Latina persiste una herida silenciosa. No es visible a simple vista, pero su profundidad alcanza las raíces de la moral. Hablo de los más de 240,000 niños, niñas y adolescentes (UNICEF, 2020) que habitan en instituciones residenciales; espacios de cuidado que prometieron ser refugios de protección, pero se convirtieron en laberintos sin salida. 

Esta realidad se vuelve aún más global y compleja cuando analizamos los flujos migratorios que atraviesan el continente. En 2023, y solo en México, se registraron más de 113,660 eventos de niños, niñas y adolescentes en situación migratoria irregular, un país clave en las rutas migratorias de América Latina (OIM. 2024. Estadísticas migratorias 2023). La mayoría de estas niñas y niños son acogidos en instituciones que no priorizan acompañar sus procesos de autonomía y dejan de lado sus necesidades emocionales, como es el llamado síndrome de Ulises o duelo migratorio (Achotegui, J. 2002. El síndrome de Ulises. Revista de Psicopatología y Psicología Clínica).

La paradoja es que, en el intento de proteger, hemos construido muros que separan. Según la Red Latinoamericana de Egresadxs de Protección, de acuerdo con un estudio de 2018 (Adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales en América Latina: una mirada sobre sus trayectorias hacia la vida independiente), las personas jóvenes que egresan de instituciones no logran completar sus estudios secundarios y tienen dificultades significativas para acceder a empleo formal en su post-egreso. También, un informe de la CEPAL (2022) advierte que más del 60% de las personas que egresan de estas instituciones en América Latina enfrentan serias dificultades para reintegrarse en la sociedad, tanto a nivel social como económico. No son estadísticas frías; son historias reales interrumpidas, vidas que continúan una trayectoria plagada de derechos vulnerados.

La neurociencia moderna ha revelado lo que la sabiduría popular siempre supo: el cerebro infantil se desarrolla en el abrazo del afecto y de la comunidad, no en la esterilidad emocional de una institución. El Bucharest Early Intervention Project (Nelson, Fox & Zeanah, 2014, Science), uno de los estudios longitudinales más significativos sobre institucionalización infantil, demostró que las niñas y niños que permanecieron en cuidado institucional sufrían retrasos significativos en el desarrollo cognitivo, retrasos en el crecimiento físico y mayor incidencia de trastornos psiquiátricos en comparación con aquellos que fueron a vivir en entornos familiares. Este estudio proporciona evidencia científica contundente sobre los efectos adversos de la institucionalización.

Argentina ofrece un ejemplo prometedor e innovador en la región al implementar la Ley Nacional 27.364 (2017) que facilita la transición a la vida adulta de las personas egresadas de instituciones. En concreto, la Asociación Civil Doncel se ha convertido en un referente a través del Programa de Acompañamiento para el Egreso (PAE) que ha impulsado a través de un trabajo de incidencia legislativo y hoy funciona como política pública en todo el país. Este programa ha mejorado significativamente la inserción social y laboral de sus personas beneficiarias y demuestra que existe un camino alternativo. Un camino que no se construye con ladrillos, sino con acompañamiento, educación y, sobre todo, con la certeza de que cada ser humano merece la oportunidad de escribir su propia historia. Este programa otorga un apoyo económico del 80 % de un salario mínimo más un apoyo emocional y técnico hasta los 21 o 25 años si el o la joven está estudiando.

Frente al desafío del gran aumento de flujos de población infantil en contextos de movilidad, algunas experiencias internacionales iluminan caminos alternativos al de ir construyendo instituciones, que por definición son de difícil gestión y generan muchas tensiones internas y externas. En Cataluña, el Programa de Inserción Laboral – PIL (Fundació Mercè Fontanilles y Fundació Resilis) ha transformado la manera de acompañar a adolescentes y jóvenes migrantes en su transición a la vida adulta. Estos espacios, que trascienden la lógica tradicional, combinan la vida en departamentos de la comunidad con un acompañamiento cultural sensible y especializado.

La transformación del sistema requiere de un cambio de mirada de quienes están en primera línea. Las y los profesionales que trabajan en las instituciones cargan no solo con la responsabilidad del cuidado diario, sino con el peso de paradigmas arraigados durante décadas. La formación tradicional, centrada en modelos de atención asistencialista, debe dar paso a nuevos enfoques que prioricen el desarrollo integral y los vínculos familiares y comunitarios. Los profesionales necesitan desarrollar una nueva sensibilidad, una comprensión profunda de que cada historia familiar es única y que la institucionalización, lejos de ser la primera respuesta, debe ser el último recurso. Son ellas y ellos quienes, en cada interacción cotidiana, tienen el poder de transformar el sistema desde dentro.

La desinstitucionalización no es una simple reforma administrativa; es una revolución en la manera de entender el cuidado y la protección. Requiere desmantelar las estructuras físicas, pero sobre todo los prejuicios arraigados. El fortalecimiento familiar, el desarrollo de competencias parentales, el apoyo psicosocial y la promoción de autonomía progresiva no deben ser considerados gastos superfluos, sino inversiones en el tejido mismo de nuestra sociedad. Son programas mucho más efectivos y económicos que el mantenimiento de los sistemas basados en la institucionalización, que perpetúan el ciclo de dependencia. 

Los marcos regulatorios actuales, oxidados por la inercia, necesitan una renovación urgente. No basta con supervisar y regular las instituciones existentes; debemos reimaginar completamente el sistema de protección infantil y en particular el sistema de cuidados alternativos. 

La pregunta no es si debemos actuar, sino cuánto tiempo más permitiremos que esta herida siga sangrando. La desinstitucionalización es, en esencia, un acto de justicia social. Es reconocer que cada niño, cada niña, merece más que cuatro paredes y un techo; merece un hogar donde sus sueños puedan echar raíces, crecer y evolucionar. El futuro de nuestra sociedad no se mide por el número de instituciones que construimos, sino en la cantidad de familias que fortalecemos, en los lazos que creamos y las oportunidades que brindamos para que cada persona viva su propia historia de libertad y dignidad, aunque esta sea imperfecta.