La orden de arresto del presidente ruso Vladímir Putin emitida por la Corte Penal Internacional (CPI), el 17 de marzo de 2023, es uno de los eventos más significativos en la reciente historia del derecho internacional, tanto por sus implicaciones legales como por sus ramificaciones políticas. La orden surge en el contexto de la agresión militar contra Ucrania, a partir del 24 de febrero de 2022, de conformidad con las investigaciones sobre posibles crímenes de guerra y, en particular, está relacionada con la deportación forzada y el traslado ilegal de niños ucranianos a Rusia.

La fiscalía de la CPI argumentó que estos actos constituían una violación del derecho internacional humanitario, en particular del artículo 8 del Estatuto de Roma, que prohíbe la deportación forzosa de personas desde un territorio ocupado. Asimismo, la emisión de la orden de arresto fue vista como un momento decisivo en los esfuerzos de la comunidad internacional por responsabilizar a los líderes de los Estados por los crímenes cometidos bajo su mando.

Sin embargo, esta orden también reveló las limitaciones de la CPI en términos de capacidad de ejecución. Recordemos que la CPI depende de la cooperación de los Estados miembros para ejecutar sus órdenes de arresto, ya que carece de un cuerpo policial propio. Esto significa que, aun cuando la orden de arresto está vigente, su implementación depende de que los países miembros de la CPI arresten al presidente Putin si entra en su jurisdicción. A diferencia de las cortes nacionales, la CPI depende completamente de la cooperación de los Estados miembros para que sus mandatos sean implementados. En ausencia de un poder coercitivo propio, la Corte está sujeta a la voluntad de los gobiernos que pueden elegir, por razones políticas, económicas o diplomáticas, si colaboran o no.

Además, este caso plantea la importante vinculación entre la justicia, la política y la diplomacia internacional. Sin duda, el arresto de un jefe de Estado en funciones es, por definición, un acto extremadamente delicado que puede provocar graves tensiones diplomáticas. Si bien la CPI ha emitido órdenes de arresto al más alto nivel, por ejemplo, para el líder rebelde ugandés Joseph Kony, el expresidente de Sudán Omar al-Bashir, el presidente de Kenia Uhuru Kenyatta, el jefe de Estado de Libia Muammar Gaddafi, el presidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo, el exvicepresidente de la República Democrática Jean-Pierre Bemba, el primer ministro israelí Netanyahu, por mencionar algunos, hacer efectivas dichas órdenes va más allá de lo jurídico.

En este escenario, el presidente Putin, desafiando la orden de la CPI, viajó a Mongolia el 3 de septiembre de 2024 para reunirse con su homólogo el presidente Ukhnaa Khurelsukh en Ulán Bator, para celebrar el aniversario número 85 de la victoria de las fuerzas mongolas y soviéticas contra Japón imperial. Lo anterior, sin que las autoridades mongolas llevaran a cabo el arresto solicitado por la CPI.

Es importante destacar que Mongolia es parte del Estatuto de Roma de 1998, tratado que firmó el 29 de diciembre de 2000 y ratificó el 11 de abril de 2002, al igual que otros 124 países. Esto significa que legalmente está comprometido a cumplir con las órdenes de la CPI, por tanto, cuenta con la obligación jurídica de arrestar a individuos buscados por la Corte, incluidos jefes de Estado y de gobierno. Adicionalmente, fue la propia CPI, la que el 30 de agosto de 2024, solicitó a Mongolia el arresto del presidente Putin al tener prevista una visita a dicho país.

A pesar de que esta es la primera visita del presidente Putin a un Estado miembro de la CPI, después de emitida la orden, el gobierno ruso no manifestó ninguna preocupación relacionada con una eventual privación de la libertad, por el contrario, destacó que tenían un gran diálogo y que todos los aspectos de la visita estaban acordados. Este incidente pone en evidencia la compleja interacción entre la justicia internacional y las dinámicas políticas y diplomáticas, así como los límites prácticos de la aplicación de las órdenes de la CPI.

Al parecer, las relaciones políticas y económicas entre Mongolia y Rusia jugaron un papel crucial. Rusia ha sido, desde 1921, un aliado cercano y socio comercial importante para Mongolia, que depende de su vecino del norte para el comercio y el suministro de energía. En tanto que, el presidente Putin, comentó (hablando de su socio) que sus relaciones “se han llevado a un alto nivel de asociación estratégica integral”. Asimismo, los dos presidentes coincidieron en la importancia de acelerar la creación del Corredor Económico Mongolia-Rusia-China.

En este sentido, ejecutar una orden de arresto contra el presidente ruso podría haber tenido consecuencias diplomáticas y económicas desastrosas para Mongolia. Así, aunque la CPI solicitó el arresto de Putin, el gobierno mongol optó por no actuar, priorizando sus relaciones bilaterales sobre las exigencias de la justicia penal internacional.

No obstante, el hecho de que Putin viajara a Mongolia sin ser arrestado tiene implicaciones tanto para la CPI como para la política internacional en general. En primer lugar, pone de relieve las limitaciones operativas de la CPI, una institución que, a pesar de su misión de luchar contra la impunidad, sigue enfrentándose a importantes obstáculos para hacer cumplir sus decisiones.

El viaje de Putin a Mongolia y la negativa del país a arrestarlo también envían un mensaje importante sobre la geopolítica contemporánea. Desde la emisión de la orden de arresto, Rusia ha buscado reafirmar sus relaciones con países que están fuera del ámbito de influencia de la CPI o que, como Mongolia, tienen lazos históricos y económicos que dificultan su alineación con las demandas de la justicia internacional.

La orden de arresto de Putin sigue vigente y la CPI ha reiterado que cualquier Estado miembro está obligado a arrestarlo si entra en su territorio. Sin embargo, es incierto cuántos países estarían dispuestos a hacerlo. Algunos Estados europeos han dejado claro que cumplirían con la orden y, de hecho, habían instado a Mongolia a cumplirla pidiendo “total cooperación de todas las partes”.

En conclusión, el caso de Putin es emblemático, ya que devela las dificultades de aplicar la justicia internacional. Mientras que la CPI ha logrado avances significativos desde su creación, casos como este subrayan que el éxito de la Corte depende en gran medida de la voluntad de los Estados miembros y de las complejas dinámicas internacionales que moldean las relaciones entre los países. Desafortunadamente, aunque la orden de arresto de Putin es un importante precedente legal, la justicia para las víctimas de crímenes de guerra en Ucrania sigue siendo un desafío pendiente.

Referencias

BBC News Mundo (2023, marzo 17). La Corte Penal Internacional emite una orden de arresto contra Vladímir Putin. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-64994207

DW (2024, septiembre 2). La UE pide a Mongolia que arreste a Putin durante su visita. https://www.dw.com/es/la-ue-pide-a-mongolia-que-arreste-a-putin-durante-su-visita/a-70113587

Estatuto de Roma (1998). https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf

Francec 24 (2024, septiembre 3). Putin es bienvenido con honores en Mongolia a pesar de la orden de detención de la CPI. https://www.france24.com/es/asia-pac%C3%ADfico/20240903-putin-es-bienvenido-y-con-honores-en-mongolia-a-pesar-de-la-orden-de-detenci%C3%B3n-de-la-cpi

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Müllerson, R. (2023). Guerra en Ucrania: ¿cómo llegamos allí, hay forma de salir de esto?. Anuario Mexicano de Derecho Internacional, (23), 3-31. https://doi.org/10.22201/iij.24487872e.2023.23.17891

Velázquez Elizarrarás, J. C. (2021). Derecho internacional penal o derecho penal internacional: una discusión ociosa, a la luz de los principios establecidos en el Estatuto de Roma. Anuario Mexicano de Derecho Internacional, (21), 365-401. https://doi.org/10.22201/iij.24487872e.2021.21.15597